EL NUEVO GOLPISMO

América Latina y las nuevas fórmulas para derrocar gobiernos

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Las derechas de la región y las élites dominantes aplican una modalidad de 'golpe blando'. El progresismo latinoamericano soporta los duros embates y se enfrenta al desafío de tomar las riendas del poder económico o morir en el intento. Hubo un tiempo en que el trabajo sucio de los señores del dinero estaba garantizado por las botas de los militares. En los años 60 y 70, la resistencia al imperialismo de Estados Unidos hizo crecer la organización popular en América Latina y los estadounidenses respondieron formando militares golpistas en la Escuela de las Américas (Panamá) y financiando las dictaduras más salvajes de las que se tenga memoria. Los golpes dejaron tremendamente dañado el tejido social e hirieron profundamente la trama de organización popular que se había generado desde las bases.

Sin embargo, no lograron acabar con todo de lo que ya había sido sembrado: la idea de que el poder de las clases dominantes podía ser cuestionado y, llegado el caso, transformado. Para un continente que había sido formado siguiendo los modélicos preceptos de Europa y EEUU, descubrirse a sí mismo no era un dato menor. Tras recomponerse de los devastadores golpes, América Latina parece haber recuperado esa capacidad de resistencia que tanto ha crispado los nervios de la principal potencia del mundo.

Como recuerda el politólogo Atilio Borón, las clases dominantes han visto cuestionado su poderío en la región y, por lo tanto, las fórmulas de injerencia han tenido que ponerse al día. Uno de los mecanismos estrella de este tipo de herramientas es la política de desgaste o debilitamiento que consiste, básicamente, en llevar adelante los denominados golpes blandos.

Golpes blandos El golpe blando consiste, como lo define el periodista Luis Bruschtein, en vestir a una minoría en mayoría, amplificar sus reclamos, crispar las controversias y enfrentamientos y desgastar a quien gobierna hasta hacerlo caer por medio de alguna farsa judicial o parlamentarista o forzando una intervención extranjera como se pretende hacer ahora en Venezuela.

Estas campañas son diseñadas, orquestadas, amplificadas y llevadas adelante por quienes sí tienen la sartén por el mango: las corporaciones mediáticas Uno de los primeros antecedentes de este tipo de golpes en la región fue aquel que se hizo, precisamente, contra el Gobierno de Hugo Chávez el 11 de abril de 2002. En la misma línea, a inicios del 2009, en Bolivia se desbarató un intento de magnicidio contra Evo Morales y, poco más tarde, un golpe de estado en Honduras terminó con el gobierno de José Manuel Zelaya.

A estos casos se le sumaron la intentona golpista contra Rafael Correa en 2010 y el derrocamiento de Fernando Lugo en Paraguay en 2012. Este tipo de golpes son más complicados que los golpes militares, pero más acordes a los tiempos que corren. La premisa básica consiste en señalar un bando de malos, conformado por un grupo de tiranos de en el poder, y un bando de buenos, que representan la bandera de la lucha por la libertad. Estas campañas son diseñadas, orquestadas, amplificadas y llevadas adelante por quienes sí tienen la sartén por el mango, las corporaciones mediáticas.

Otra de las características de estos golpes es que las élites dominantes alinean sus intereses detrás de sus impulsores a nivel internacional montando campañas mediáticas de desprestigio. Nuevas derechas latinoamericanas Según Bruschtein, así como en otras épocas la derecha le reprochó a la izquierda su poca vocación democrática, cuando estas izquierdas populares se han impuesto en las urnas, las derechas no han aceptado el cambio. Estas izquierdas decidieron, tras superar las dictaduras, volver al ruedo y jugar dentro de los marcos institucionales.

Tanto Mujica (Uruguay), como Dilma Rousseff y Lula Da Silva (Brasil), Cristina Fernández y Néstor Kirchner (Argentina), Daniel Ortega (Nicaragua), Alvaro García Linera (Bolivia), y una gran parte de los cuadros políticos que los rodean, formaron parte, en su momento, de las izquierdas revolucionarias latinoamericanas. Quienes conforman el mapa latinoamericano más progresista (Bolivia, Uruguay, Argentina, Chile, Ecuador, Venezuela y Brasil), con sus más y sus menos, han sabido llevar adelante políticas comunes y encontrar apoyos en la región.

El distinto cariz de sus diversos componentes y proyectos ha llevado a acuerdos que permitan avanzar y seguir desarrollando articulaciones regionales y continentales como el ALBA, la CELAC o UNASUR. Por otro lado, dos de los principales impulsores de los acuerdos y avances en materia regional están muertos. Néstor Kirchner y Hugo Chávez, amén de dos personalidades insustituibles, representaban una amalgama también imposible de sustituir.

La enorme repercusión mediática sólo aparece cuando se tocan intereses que atañen a las élites dominantes, tanto locales como internacionales En Argentina, Néstor Kirchner primero, y Cristina Fernández después, lograron forjar fuertes apoyos tanto entre las clases más bajas como entre las clases medias que les permiten sobrevivir a los embates de los poderes económicos. Los gobiernos kirchneristas lograron salir indemnes tanto del conflicto que los enfrentó con el sector agrícola más poderoso en el año 2008, como de las protestas de enero de 2014 y de la más reciente muerte del fiscal Nisman. Situaciones que dieron todas ellas titulares apabullantes en los grandes medios y lograron desprestigiar a nivel internacional al gobierno, pero cuyas consecuencias a nivel interno no hicieron mella en los logros del Ejecutivo, al menos no tanto como para provocar su caída.

Esta enorme repercusión mediática sólo aparece cuando se tocan intereses que atañen a las élites dominantes, tanto locales como internacionales. Cuando se trata de denunciar las muertes que provoca el glifosato y su principal comercializadora Monsanto, el permanente saqueo de recursos naturales, el acoso y los abusos de los que son víctimas los pueblos indígenas, las alarmantes cifras de muertes por violencia de género, o el desigual reparto de la riqueza, que sigue siendo una cuestión estructural en América Latina, estos temas nunca merecen el mismo despliegue mediático. Simplemente porque se trata de cuestiones que significarían poner en jaque su propio poderío económico.

Se trata, como sostiene Borón en su libro Imperio & Imperialismo, de burguesías imperiales o, lo que es lo mismo, de clases dominantes a escala global que operan por medio de estructuras nacional-estatales y articulan y dictan sus condiciones a las clases dominantes locales en la periferia del sistema. No hay que olvidar que gran parte de los líderes opositores latinoamericanos provienen de familias acomodadas o con fuertes vínculos empresariales. Otras cuestiones que han despertado las alarmas en la región han sido la nueva relación entre Estados Unidos y Cuba, la amenaza de la Administración de Barack Obama al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela y el nuevo rumbo asumido por la economía brasileña.

Las negociaciones entre La Habana y Washington son, a todas luces, un dato de importancia fundamental para toda esta camada de “gobiernos progresistas” cuya mayor inspiración viene dada por los caminos abiertos por la revolución. La Casa Blanca, consciente de la enorme importancia de Cuba en el continente, vuelve a poner la mirada sobre su patio trasero y entablar diálogo con quien otrora fuera uno de sus principales enemigos.

Aún quedan por ver las consecuencias que tendrá este nuevo acercamiento entre el gigante del norte y esa piedra en el zapato que siempre ha sido la pequeña isla. Por otra parte, y en un inusitado despliegue de prepotencia verbal más propia de un Bush que de un Obama, el gobierno estadounidense emitió una declaración de “emergencia nacional” frente a Venezuela por la “amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y política exterior”. En esta misma declaración el presidente estadounidense presume estar “comprometido en hacer avanzar el respeto por los derechos humanos”. Lo curioso es que esto lo defiende el mismo país que no ha firmado la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El mismo que no utiliza la misma vara para sancionar a los funcionarios de Colombia responsables de la muerte de casi 6000 civiles entre 2000 y 2010; o a los gobernantes y fuerzas de seguridad de Honduras que desde el golpe de 2009 sumieron a ese país en un baño de sangre o a los causantes de la "desaparición" de 26.000 personas en México y del crimen contra los 43 estudiantes en Ayotzinapa. Los gobiernos progresistas tienen en común una historia de dependencia con EEUU y una decisión manifiesta de salirse de los mandamientos de quien fuera la potencia rectora del continente Con enormes diferencias, los llamados “gobiernos progresistas” tienen en común una historia de dependencia con EEUU y una decisión manifiesta de salirse de los mandamientos de quien fuera la potencia rectora del continente.

Una potencia que, aunque demuestra signos de debilitamiento, sigue siendo un actor fundamental por su poderío en materia de tecnología, acceso a los recursos naturales del planeta, control de los medios de comunicación, de los mercados financieros mundiales y de las armas de destrucción masiva. Por último, y en un desesperado intento por hacer frente a la difícil situación económica por la que atraviesa, Brasil ha dado un golpe de timón respecto a las políticas económicas que venía implementando. Poniendo en ejercicio medidas de carácter liberal y conservador más propias de los años 90, Rousseff ha puesto en jaque a aquellas economías de la región que dependen en gran medida de las decisiones verdeamarelas, amén de la suya propia. Inquilinos del poder político Si bien los gobiernos progresistas han hecho importantes cambios para mejorar la calidad de vida de amplios sectores de la población, son, según el teólogo brasileño Frei Betto, detenido y torturado por su oposición política a la dictadura, “inquilinos del poder político” que no han querido o no han podido desbancar a la clase dominante -el gran capital nacional e internacional- del poder económico.

Hoy en día, el 54% de la población latinoamericana vive en países regidos por gobiernos progresistas y el otro 46% vive bajo gobiernos de derecha aliados a Estados Unidos e indiferentes a la agudización de la desigualdad social y la violencia. Según Bernt Aasen, director regional de UNICEF para América Latina y el Caribe, entre 2003 y 2011, más de 70 millones de personas salieron de la pobreza en el continente; la tasa de mortalidad de menores de 5 años se redujo en un 69% entre 1990 y 2013; la desnutrición crónica entre niños de 6 meses a 5 años disminuyó de 12,5 millones en 1990 a 6,3 millones de niños en 2011; y la matrícula en la educación primaria aumentó de 87,6%, en 1991, al 95,3% en el año 2011. Sin embargo, agrega Aasen, “nuestra región sigue siendo la más desigual del mundo, donde 82 millones de personas viven con menos de 2,5 dólares al día; 21,8 millones de niños y adolescentes están fuera de la escuela o en riesgo de abandonarla; 4 millones no fueron registrados al nacer y, por tanto, no existen oficialmente (…); y 564 niños menores de 5 años mueren cada día por causas evitables”.

Hubo un deslizamiento de la sumisión política a la sumisión económica, señala Betto. La fuerza de penetración y obtención de ganancias del gran capital no se redujo con los gobiernos progresistas, a pesar de las medidas regulatorias y el cobro de impuestos. Aunque hay que reconocer que se trata de una de las pocas regiones del mundo que, en época de crisis en el centro mismo del capitalismo, pudo disminuir la desigualdad, es difícil suponer que la situación pueda revertirse del todo, al menos no sí se negocia en términos de lo que proponen y disponen las clases dominantes. Puede que la izquierda latinoamericana haya logrado, hasta ahora, levantar cabeza una y otra vez de los golpes que le asestan, pero puede también que, si no consigue autonomizar sus demandas y sus intereses de los de las clases dominantes y reducir la hegemonía ideológica de la derecha, se trate sólo de mera retórica de quien se rinde al modelo capitalista, concluye Betto.