El asesino de Víctor Jara será juzgado en EE.UU. por torturas y ejecución extrajudicial
Pedro Pablo Barrientos, el teniente que descerrajó un tiro en la nuca a Víctor Jara, será procesa en Florida, pero no por crímenes de lesa humanidad, lo que le evitará una condena mayor
Pedro Pablo Barrientos era un joven teniente del Ejército
de Chile cuando el 16 de septiembre de 1973, apenas cinco días después
del golpe de Estado que lideró el general Augusto Pinochet, descerrajó un tiro en la nuca del conocido cantautor popular Víctor Jara.
Más de 40 años después, el autor directo del crimen será juzgado por
una corte al norte de Florida, en Estados Unidos. El ahora retirado
coronel Barrientos es el último de los responsables del asesinato de
Jara que hará frente a la Justicia; en Chile otros seis exmilitares ya han sido procesados.
Víctor Jara, músico, actor, director de teatro y militante del Partido Comunista, fue detenido junto a otras 200 personas que el día del golpe militar
que derrocó al gobierno del presidente socialista Salvador Allende
ocuparon la Universidad Técnica del Estado, de la que era profesor. Los
soldados del Ejército lo llevaron al Estadio Chile,
en pleno centro de Santiago, donde pocas horas después de su ingreso
fue identificado por sus aprehensores y desde entonces sometido a
continuas sesiones de torturas, palizas y tratos humillantes. En ese
estadio, donde había unos cinco mil prisioneros, Jara escribió sus
últimos versos.
La tarde del 16 de septiembre, el autor de «Luchín» y «Te
recuerdo Amanda» recibió 44 disparos de fusil de parte de dos jóvenes
soldados y luego el tiro de gracia propinado por Pedro Pablo Barrientos.
Las investigaciones judiciales chilenas han podido determinar que luego
del asesinato, el cuerpo de Jara fue abandonado durante la noche,
cuando regía el toque de queda, en las inmediaciones de un cementerio de
la capital, junto a los cadáveres de otras personas. Los cuerpos
ingresaron a la Morgue de Santiago como «no identificados», pero un
empleado del lugar reconoció al artista y consiguió dar aviso a Joan Turner, la esposa de Jara.
Los restos del cantautor fueron sepultados sigilosamente, con apenas un
puñado de personas como testigos y por largos años sin que la Justicia
se preocupara de aclarar el crimen.
Sin pistas ni registros
A mediados de los años 80, Joan Jara –quien trabajó como
coreógrafa en algunas obras musicales y teatrales del artista, junto a
Amanda, la hija de ambos, iniciaron las acciones judiciales para
perseguir a los responsables del asesinato. No fue fácil, no había registros de los militares
que habían arrestado a Víctor Jara, como tampoco de los que custodiaban
el Estadio Chile; menos aún de los torturadores y de quienes tenían
facultades para determinar a quién asesinar.
Ya en la década de los 90, por los relatos de exprisioneros, la Justicia pudo dar con la identidad de «El Príncipe»,
un oficial que se destacó por la crueldad de las torturas y malos
tratos que propinó a los prisioneros del Estadio Chile. Se trataba del
coronel de Ejército –ahora retirado- Edwin Dimter Bianchi. Luego serían identificados el resto de los responsables, entre ellos el teniente Pedro Pablo Barrientos.
Pero el oficial que disparó a la cabeza de Jara ya estaba
viviendo en Estados Unidos, incluso había obtenido la ciudadanía. La
Justicia chilena pidió su extradición en 2013, pero fue denegada. De
inmediato Joan Jara, Amanda Jara y el Centro de Justicia y
Responsabilidad de EE.UU. iniciaron una demanda contra Barrientos ante
los tribunales de ese país. Estados Unidos aceptó, sin embargo, enjuiciar a Barrientos solo por cargos de torturas y ejecución extrajudicial, pero desestimó considerar estos delitos como «crímenes de lesa humanidad».
En Santiago, Joan Jara se manifestó «satisfecha» por el juicio contra Barrientos, mientras en Florida el Centro de Justicia y Responsabilidad dijo que es «decepcionante»
que la justicia estadounidense desestimara calificar el crimen como de
lesa humanidad, ya que estos son imprescriptibles y tienen penas más
altas, que además no pueden ser amnistiados, como sucede en Chile con
las más de tres mil víctimas que dejó el régimen del general Pinochet.
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