Lesa humanidad: juzgan delitos previos al golpe

Procesan a Videla y otros militares y civiles; eximen a Isabel Perón

Por José Ignacio Sbrocco | Para LA NACION

SAN MIGUEL DE TUCUMÁN.- Por primera vez, la Justicia avanzó con delitos cometidos por las Fuerzas Armadas antes de la dictadura militar. El juez federal N° 1 de Tucumán, Daniel Bejas, procesó a unos veinte militares y civiles por su participación en el Operativo Independencia, de principios de 1975, un año antes del golpe militar que derrocó a María Estela Martínez de Perón.

En su fallo de 488 páginas, el juez Bejas indicó que en el Operativo Independencia "se implementó un estado de excepción (estado de sitio de hecho) en el que se desconocieron los derechos fundamentales de las personas y se suspendieron en forma absoluta sus garantías, en el marco de un proceso de desapoderamiento de las autoridades políticas civiles que culminó con el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976".
Entre los procesados figuran Jorge Rafael Videla, por entonces general del Ejército; Mario Benjamín Menéndez, que era coronel y prestaba funciones en la Brigada de Infantería de Famaillá, y el entonces jefe de la policía de Tucumán, Roberto Heriberto Albornoz.
A pesar de haber sido quien firmó el decreto que dio origen al Operativo Independencia, el juez desvinculó del caso a la entonces presidenta María Estela Martínez de Perón. Al respecto, rechazó el pedido del fiscal de citarla a una indagatoria, por considerar "débil y confusas" las argumentaciones del Ministerio Público Fiscal.
El juez federal Bejas argumentó que los delitos de violación de domicilio, privación ilegítima de libertad y torturas seguidas de muerte durante el Operativo Independencia "se habrían perpetrado en el contexto de un ataque sistemático desde el Estado contra una parte de la población, por lo que se considera configurado el contexto del delito internacional de genocidio". También se les imputa a los acusados los delitos de apremios y vejaciones, abuso sexual, violación sexual y homicidio.
Dispuesto en 1975 para "combatir la subversión", durante el gobierno constitucional de la viuda de Perón, el Operativo Independencia se ejecutó en Tucumán, al mando del general Acdel Edgardo Vilas, quien en diciembre de ese año fue reemplazado por Antonio Domingo Bussi.
En Tucumán actuaba desde 1974 un foco guerrillero, identificado con el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), al que el gobierno ordenó combatir con efectivos del Ejército, la Fuerza Aérea y la Gendarmería.
Además de Videla y Menéndez fueron procesados Carlos César Idelfonso Delia Larocca, Jorge Omar Lazarte, Ernesto Nicolás Chávez, Jorge Gerónimo Capitán, Alfredo Alberto Svendsen, Ricardo Oscar Sánchez, Luis Armando De Cándido, Ramón César Jodar, Miguel Ángel Moreno, José Luis del Valle Figueroa, Pedro Roberto Rojas, Pedro Adolfo López, Enrique José Del Pino y José Ernesto Cuestas. Entre los civiles figuran Miguel Ángel Carrasco, Carlos Alberto Diacono y Julio César Sarmiento.
Bejas no hizo lugar al pedido del fiscal de citar a declaración indagatoria a la viuda de Perón y no involucró a ningún ministro ni legislador de ese momento. El decreto fue rubricado, entre otros, por José López Rega, artífice de la Triple A.
"Si bien el Ministerio Público Fiscal afirma la presunta vinculación del gobierno civil provincial (Amado Juri) y nacional (Martínez de Perón) con el accionar de las Fuerzas Armadas durante el Operativo Independencia, e inclusive formula imputación contra la entonces presidenta María Estela Martínez de Perón, tal posición no se mantiene en forma continua ni de modo coherente durante su exposición", señaló el magistrado.
Bejas señaló que el fiscal indicó que el Operativo Independencia comenzó en 1966 con el gobierno de Juan Carlos Onganía, con el dictado de la ley 16.970 de seguridad nacional, y consideró que el plan de las Fuerzas Armadas fue previo al gobierno constitucional de 1974. Señaló, además, que las Fuerzas Armadas eran independientes del gobierno civil.
El magistrado diferenció entre las órdenes presidenciales dirigidas a combatir el accionar subversivo y la instrumentación de esa orden por las Fuerzas Armadas, destinada a aniquilar a las organizaciones subversivas.
"Tales discordancias presentan la imputación efectuada a la entonces presidenta de la Nación, María Estela Martínez de Perón, como débil y confusa. Si el fiscal considera que durante el Operativo Independencia las Fuerzas Armadas actuaron con la autorización de las autoridades civiles, las acusaciones no podrían acotarse a la Presidenta, debiendo también captar a ministros, legisladores, gobernadores y jueces".
El juez Bejas indicó que a partir de 1974, las Fuerzas Armadas y de seguridad se distanciaron de las autoridades civiles de la época y de las directivas del gobierno constitucional, con el fin de "consumar un plan represivo que comenzó a gestarse desde fines de los años sesenta".
"Dicho plan represivo, dirigido a la toma del poder civil, no habría contado con la anuencia del gobierno civil, sino con la complicidad de algunos grupos de ultraderecha directamente vinculados con el accionar del Ejército, como la Triple A".
La Justicia identificó a 269 víctimas de los excesos de los militares durante el Operativo Independencia. Entre ellos figura Humberto Rava, hoy secretario de Derechos Humanos de la provincia.

Un plan para combatir la subversión

El operativo surgió en un gobierno constitucional
SAN MIGUEL DE TUCUMÁN.- El Operativo Independencia comenzó en febrero de 1975, a partir de un decreto firmado por la entonces presidenta María Estela Martínez de Perón y varios ministros, entre ellos José López Rega. El general Acdel Edgardo Vilas fue el primer militar a cargo de "combatir la subversión" y en diciembre de ese año fue reemplazado por Antonio Domingo Bussi, posteriormente gobernador de la provincia.
Luego del decreto que montó el Operativo Independencia, el Gobierno dictó el estado de sitio. Vilas reconoció que las Fuerzas Armadas actuaron en forma independiente del gobierno constitucional, para lograr el éxito de la misión..