Tensión entre Dilma y los militares por los crímenes de la dictadura brasileña
FRICCIONES. LA PRESIDENTA DILMA ROUSSEFF ASUMIO EL PASADO 1° DE ENERO.
No será nada sencillo para la presidenta Dilma Rousseff conseguir que se investiguen los crímenes de la dictadura militar brasileña, que gobernó el país entre 1964 y 1985. El proyecto de Comisión Nacional de la Verdad, a ser aprobado por el Congreso, provocó las primeras fricciones entre las Fuerzas Armadas y el gobierno inaugurado el 1º de enero último. El argumento de los oficiales es un presunto anacronismo. Dicen que el proyecto colocará en discusión “hechos superados” y será fuente de “tensiones y serias desavenencias”.
Pero es muy improbable que Dilma Rousseff, ex militante de izquierda que fue brutalmente torturada a principios de los ‘70, negocie el esclarecimiento de los delitos contra los derechos humanos cometidos en aquellos años a cambio de una relación sin sobresaltos con los militares. En un documento que le remitió al ministro de Defensa Nelson Jobim (funcionario heredado del gobierno de Lula da Silva), y que se publicó ayer en el diario carioca O Globo , el Comando en Jefe del Ejército sostiene que comisiones de este tipo “suelen ser creadas en un contexto de transición política”; consideran por lo tanto que no vale la pena reabrir el tema 30 años después de terminado el régimen dictatorial: “Muchas de las personas que vivieron en aquel período ya fallecieron: testigos, documentos y pruebas que se perdieron en el tiempo. Es improbable que se llegue a la verdad de los hechos”. En la óptica de los jefes militares la Comisión de la Verdad irá a provocar las “consecuencias negativas” observadas en otros países de la región que “atravesaron períodos históricos similares”, en alusión a la Argentina, Uruguay y Chile.
El proyecto de ley fue enviado al Parlamento por Lula en 2010. Sin embargo, por ser un año electoral, los legisladores del oficialismo postergaron su análisis. Con el apoyo de marinos y aeronautas, los del Ejército pretenden que se incluya dentro del texto de la ley un párrafo que limita el accionar de la comisión a la búsqueda de hechos históricos y no a la “persecución o incriminación de personas” . En ese contexto, quieren evitar que la Comisión pueda convocar a los militares involucrados y plantea sustituir la convocatoria por un “convite”, lo que permite recusarse a declarar sin consecuencias legales . “Es inconstitucional dar poder de policía a la Comisión de la Verdad” sostuvieron en el informe que le entregaron a Jobim.
Para controlar qué se dirá o investigará en la Comisión, los oficiales superiores (los más viejos) consideran que las deliberaciones deben ser “abiertas” a pesar que el proyecto de ley pretende hacerlas “cerradas” para el caso de personas que deban ser resguardadas con el anonimato. La postura de las Fuerzas Armadas resulta consistente no sólo con el pasado inmediato sino con la tendencia que mostraron a lo largo de la historia los gobernantes brasileños, al menos hasta el advenimiento de la democracia, de mantener bajo llave los archivos que registraban sus actos. Probablemente se haya destruido buena parte de la documentación de la dictadura; pero todavía quedan testigos que permitirán reconstruir las violaciones a los derechos humanos que en Brasil fue tan salvaje como en la Argentina.
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