Ricardo Mir de Francia
Solo unas semanas antes de que el Parlament aprobara la ley del referéndum, suspendida más tarde por el Tribunal Constitucional, la Generalitat dio un giro a su estrategia para promover el proyecto soberanista en EEUU con la contratación de un nuevo lobi. Sus representantes firmaron el 15 de agosto un contrato de tres meses prorrogables con SGR Government Relations & Lobbyng para “apoyar los actuales esfuerzos de comunicación”
y “reforzar las relaciones entre ambos gobiernos y sus comunidades
empresariales”. SGR es una firma relativamente nueva que está siendo
investigada por el 'Rusiagate' al haber tenido como cliente a uno de los
protagonistas de este escándalo. Creada en el 2014 por el consultor en
comunicación Jim Courtovich, quien trabajó previamente para varios congresistas republicanos, solo ha tenido a Arabia Saudí y Etiopía como clientes internacionales.
Todos los
gobiernos extranjeros que hacen lobi en EEUU, sean nacionales o
regionales, tienen que dar cuenta de sus actividades al Departamento de
Justicia para cumplir con la ley de registro de agentes
extranjeros. Desde el 2013, el Ejecutivo catalán había trabajado en
Norteamérica con Independent Diplomat (ID), un
lobi especializado en procesos de autodeterminación y resolución de
conflictos, al que ha pagado más de 1.6 millones de euros. Pero se
desconoce si esa relación continúa. La Generalitat no ha querido
aclarárselo a este diario ni tampoco explicar por qué se ha contratado a
un nuevo lobi.
A este respecto, el secretismo suele ser la norma.
Los responsables de la Delegación del Gobierno de Catalunya en EEUU
raramente hablan con la prensa sobre sus contactos institucionales.
Esgrimen que no quieren que la diplomacia española se entere y torpedee
sus gestiones. “Trabajamos con lobis porque es la manera habitual que utilizan los gobiernos en EEUU para avanzar sus intereses políticos y comerciales”, asegura una fuente del Ejecutivo catalán a modo de comunicado con punto y final.
Hasta el 14 de noviembre
Las fechas del nuevo contrato dejan, sin embargo, pocas dudas sobre las pretensiones del Govern,
que lleva años buscando sin demasiado éxito apoyos internacionales para
la independencia. La relación con SGR se prolongará hasta hasta el 14 de noviembre, un periodo que cubre todas las fechas críticas del ‘procés’, incluido el 1-O y la resaca posterior. A cambio de sus servicios, la Generalitat pagará "60.000 dólares (49.800 euros) por el periodo de los tres primeros meses y 20.000 dólares al mes a partir de entonces".
Por ese dinero, cuatro empleados
de SGR representarán los intereses de la Generalitat, según los
documentos consultados. Pero lo harán a tiempo parcial porque también
llevan el portafolio del gobierno de Etiopía, uno de los muchos regímenes represivos de África. Hasta finales del año pasado, SGR tuvo también en su cartera a la Casa Real saudí, que le pagó 45.000 dólares mensuales por concienciar a los miembros del Congreso
y el Ejecutivo estadounidense de la “importancia crítica que (Arabia
Saudí) tiene para los intereses económicos y de seguridad de EEUU”.
SGR no es uno de los grandes lobies de Washington. De hecho, era casi totalmente desconocido
hasta que el 25 de agosto, diez días después de que la Generalitat
contratara sus servicios, se publicó que el fiscal especial que
investiga la trama rusa ha requerido judicialmente a SGR que dé explicaciones y aporte documentos sobre el trabajo que hizo
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