A más de
un año de la muerte de la activista hondureña Berta Cáceres, la
situación para las voces que denuncian atropellos contra los derechos
humanos no ha mejorado. Líderes campesinos han sufrido repetidas
amenazas y buscan terminar con el apoyo de EEUU a las fuerzas militares,
a las que responsabilizan por estos hechos.
Berta
Cáceres fue asesinada en marzo de 2016, luego de recibir constantes
amenazas durante años por la férrea oposición de la comunidad que
lideraba para frenar la construcción de una represa. El caso cobró
notoriedad mundial y puso de manifiesto la falta de garantías a los
derechos humanos en el país centroamericano.
A más de
un año del trágico hecho, la situación no ha cambiado demasiado. Berta
Zúniga Cáceres, hija de la referente campesina, fue víctima de un
atentado intimidatorio durante una visita a la comunidad de Cancire.
'Bertita', como también es conocida, relató en diálogo con Sputnik este
episodio, ocurrido el 30 de junio en el municipio de Santiago Puringla,
en el departamento hondureño de La Paz.
"Estábamos
saliendo de una comunidad donde no se siente que haya una
conflictividad tan alta como en Río Blanco, donde se está construyendo
el proyecto Agua Zarca, [el complejo hidroeléctrico al que se oponía
Cáceres]. Saliendo de ahí un carro nos rebasó muy rápidamente. En otro
lugares nos estaban esperando con machetes. Al esquivarlos nos lanzaron
una piedra al vidrio. Luego continuamos e intentaron chocar el carro
para sacarnos y tirarnos a uno de los abismos", relató.
Además
de Zúniga Cáceres, otras dos mujeres iban en el coche objeto del
amedrentamiento. Las activistas lograron sortear el atentado y continuar
su camino por otro trayecto. Luego, denunciaron el hecho a través de
los canales posibles.
"Sabemos
que hubo una intervención de la embajada de EEUU, que activó al
ministerio de Seguridad y se formó un revuelo alrededor de la cuestión,
pero realmente hay muy poca interlocución con las autoridades
hondureñas", indicó 'Bertita', coordinadora del Consejo Cívico de
Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) fundado por su
madre.
Según
dijo a Sputnik la activista, "uno de los hombres que conducía ya está
detenido", pero ahora se está poniendo en cuestión como "falsos" los
testimonios que dieron las tres mujeres. A su criterio, es "escandaloso"
que con "cosas así se vaya perpetuando la impunidad".
Este
episodio se da al mismo tiempo que un grupo de congresistas
estadounidenses pertenecientes al Partido Demócrata intentan llevar
adelante el proyecto de ley Berta Cáceres por los Derechos Humanos en
Honduras. Este esbozo normativo tiene como fin "cortar la ayuda militar"
que Washington brinda a Tegucigalpa. Este apoyo ha permitido la
"expansión" de las Fuerzas Armadas hondureñas.
"En
nuestro país esta iniciativa se justifica porque varias violaciones a
los Derechos Humanos están vinculadas a la presencia militar y policial.
Mariano Díaz Chávez, un agente de las Fuerzas Armadas e instructor de
la Policía Militar del Orden Público, ha sido detenido como uno de los
autores que planificaron y participaron en el asesinato de mi mamá y
nuestra compañera Berta Cáceres", dijo la coordinadora del COPINH.
Inicialmente
la Policía hondureña adjudicó el homicidio como un intento de robo y no
como un atentado. La investigación fue obstaculizada, por ejemplo,
cuando el expediente judicial fue robado en septiembre de 2016. La jueza
a cargo de la causa llevó el archivo para estudiarlo en su domicilio,
pero en el camino fue interceptada por hombres armados que robaron su
coche y los documentos.
Hasta
ahora, el caso "sigue impune". Hay personas detenidas, pero no han sido
juzgadas bajo una situación regular, dijo la hija de la víctima. A su
criterio, Honduras "quiere demostrar ante la comunidad internacional que
su institucionalidad tiene cierta efectividad", pero es "parte de un
montaje" ya que no hay un proceso profundo. "Básicamente aquí se vive un
clima de impunidad muy alto", sentenció.
"Luego
del asesinato se hizo una visita de incidencia al Congreso de EEUU y con
algunos miembros que tienen una gran sensibilidad con el tema militar y
el manejo de armas incluso dentro de su país. Ellos se comprometieron a
hacer algo y se sabe que la presencia de EEUU en Honduras es súper
fuerte y que básicamente todas las decisiones que se tomen ahí impactan
de manera relevante", explicó 'Bertita'.
Entre
los encuentros que mantuvieron, conocieron a Hank Johnson, representante
por el Estado de Georgia. El parlamentario copatrocinó y dio un impulso
al proyecto de ley que busca prohibir la ayuda militar de EEUU a
Honduras. Fue presentado en el Capitolio en julio de 2016 y
reintroducido el 2 de marzo de 2017, con motivo del aniversario del
fallecimiento de la activista. A partir de ahí, "comienza todo este
movimiento de apoyo en EEUU, no solo a nivel del Congreso".
"Es una
propuesta yo creo que de las más radicales que hay, porque sabemos que
el golpe de Estado [efectuado en 2009 contra Manuel Zelaya] y todos los
gobiernos golpistas y continuadores del mismo se han sostenido en base a
la presencia militar que tienen en Honduras, que funcionan para
garantizar las inversiones de la empresa privada nacional y
trasnacional", aseveró Zúniga Cáceres.
El
proyecto de ley Berta fue presentado inicialmente por cinco
representantes, pero con el tiempo se han sumado otros sesenta miembros
del Congreso. "Es un número bastante alto que no esperábamos. Eso
resulta mucho para que se convierta en una ley como tal", dijo la
entrevistada de Sputnik, quien denunció que hay "campañas de
criminalización y estigmatización muy fuerte", además de una
"persecución judicial" contra todas las voces que se alzan por las
comunidades indígenas o el medio ambiente.
"Aquí en
Honduras se reacciona criticando y diciendo que tenemos intereses
económicos en generar denuncias falsas, que son ataques que nosotros
mismos nos estamos inventado. Nos tratan de desprestigiar y de
inmovilizar para que no reaccionemos ante esas cosas", concluyó.
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