El
personal civil de la base, estratégica para combatir a Siria, denuncia
que el Ministerio permite que se incumpla el tratado bilateral y
preparan recurso de inconstitucionalidad
“Ponlo con todas las letras. Culpamos a la Administración española, al Gobierno español, porque son los mamporreros de los americanos”. La rotunda afirmación de Rafael Chacón, secretario del comité de empresa de la Base Naval de Rota (Cádiz), desde donde han partido los buques USS Ross y USS Porter para el ataque con misiles en Siria, dan buena muestra del enfrentamiento interno que se vive en una base militar que es estratégica en la lucha abierta por Donald Trump contra el régimen sirio.
Los trabajadores de la base naval de Rota no han tenido ningún conocimiento de la orden de ataque contra el régimen de Al Assad.
Excepto algún mando civil con el máximo rango, las operaciones
militares estadounidenses y españolas se preparan y ejecutan a espaldas
de la plantilla civil. Así lo asumen los trabajadores que, sin embargo,
no ocultan su malestar por todo lo que está ocurriendo en el plano
laboral, con incumplimientos flagrantes, denuncian, del convenio bilateral firmado con EEUU hace ya seis décadas (1953) y que se tradujo por primera vez en un convenio laboral hace veinte años, en 1997.
Los últimos datos oficiales, de 2014, señalan que en la Base Naval de Rota trabajan 4.975 trabajadores españoles y 3.880 norteamericanos.
La mayoría son militares, casi el doble españoles que estadounidenses
en una base de uso compartido. Una parte importante de esa plantilla son
civiles. Según el comité de empresa, ahora mismo quedan 900 trabajadores de los 1.300 fijos de plantilla de años atrás, contratados por el Ministerio de Defensa
español pero cedidos a los americanos. No es eso lo que dice el
convenio bilateral. Tampoco lo que les prometieron cuando se firmó, en
2011 con José Luis Rodríguez Zapatero en el Gobierno, el despliegue de cuatro buques del escudo antimisiles
atracados en los muelles de la base naval, claves en la capacidad
defensiva de la OTAN, que aseguraron iba a multiplicar el empleo.
Huelga en el aeropuerto
Los
puestos de trabajo se están amortizando conforme llegan las
jubilaciones. Estados Unidos opta por las contratas para servicios
esenciales y eso incrementa los conflictos. El último está protagonizado
por el personal del aeropuerto, adjudicado a la empresa norteamericana Louis Berger.
“Tiraron los precios, casi cuatro millones de euros menos, para
llevarse la adjudicación y al llegar anunciaron 45 despidos, 13 ya
ejecutados, y pusieron en marcha recortes graves desde un punto de vista
salarial, del 22%, y de derechos laborales”, señalan desde el comité de
empresa de la base naval.
A las
puertas de entrada las pancartas y los carteles dan muestra de las
protestas. Los trabajadores convocaron paros parciales de cuatro horas
por cada uno de los tres turnos de trabajo los días 29, 30 y 31 de
marzo, 5, 6 y 7 de abril, 19, 20 y 21 de abril, y 26, 27 y 28 de abril. La huelga está siendo secundada por un 95 por ciento de la plantilla, informan desde CCOO.
Los
trabajadores de la contrata americana Louis Berger tienen aprobado un
calendario de paros y huelga en un momento esencial para EEUU
La
precarización de los puestos de trabajo que caen en manos de las
contratas es evidente, defienden desde la plantilla civil. “Todo esto
quien lo permite es el Gobierno español que no se planta ni se atreve a
decir nada a sus socios”, insiste el portavoz del comité de empresa. El
convenio bilateral señala que el porcentaje de la plantilla civil debe
respetar un 70% de españoles y un 30% de americanos. Ahora mismo hay
unos 900 españoles y unos 500, no se difunden datos oficiales porque son
“reservados”, norteamericanos. “Deberían crearse 400 empleos directos
más de civiles españoles para cumplir esa proporción”, señala Chacón,
una cifra que sería fundamental en una comarca gaditana donde las tasas de paro superan el 30%.
Readmisión de un civil
Los
ánimos están más que caldeados contra el Gobierno español en la
plantilla civil de una base clave en el Mediterráneo, con un movimiento anual aéreo de unos 13.500 pasajeros y el acceso diario de 18.000 personas y 8.000 vehículos, según los datos oficiales.
El último
conflicto que ha disparado la tensión afecta al caso concreto de un
trabajador que fue despedido tras la apertura de un expediente
disciplinario abierto por el Ministerio de Defensa español a petición de EEUU. El despido se ejecutó y el trabajador, Rafael Romero,
acudió a los tribunales
La coordinadora general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez,
preguntó al Gobierno de Susana Díaz si tenía conocimiento de que el
ataque perpetrado “de manera unilateral” por parte de Estados Unidos en
Siria “se ha realizado desde el portaaviones que tiene su base en Rota (Cádiz)”.
Exigió a la jefa del Ejecutivo andaluz, “que ayer estaba en Cataluña y
hoy en Extremadura, que preste un poco de atención en su apretada agenda
interna para atender y compartir la preocupación que tenemos los
andaluces con que esta escalada bélica pueda partir de la base de Rota,
desde nuestro propio territorio, poniendo en riesgo también nuestra
propia seguridad”, señaló.
donde ganó todos los pleitos y ya, sin
posibilidad de recurso, tiene en su mano una sentencia que obliga a su
readmisión inmediata en el mismo puesto y con las mismas
responsabilidades que antes de su despido. Nadie ha ordenado que se
cumpla la sentencia, lamentan los trabajadores. Él se ha dirigido al Rey
de España sin respuesta. “Las sentencias firmes hay que cumplirlas. El
propio fiscal general de EEUU, dice ‘nadie está por encima de la
justicia ni de la ley, incluso ni el presidente’, ni en España tampoco.
Tengan la dignidad de pedir disculpas”, reclama Romero.
Ni la parte americana atiende lo que dicen los tribunales españoles en
última instancia ni el Ministerio de Defensa obliga a sus ‘socios’ a la
readmisión. “Y así todo”, agrega Chacón como representante de los
trabajadores.
El comité
de empresa ultima argumentos jurídicos para que Podemos y PSOE eleven
un recurso de inconstitucionalidad desde el Congreso
La
plantilla civil dependiente del Ministerio alberga una última esperanza.
A finales de abril se reunirán con el diputado de Podemos por Cádiz en
la comisión de Defensa, el exguardia civil Juan Antonio Delgado. El comité de empresa reclama que se interponga un recurso de inconstitucionalidad,
que requeriría de 50 diputados, por vulneración del artículo 37 de la
Constitución española, que garantiza el derecho a la negociación
colectiva laboral. También tienen diálogo abierto con el PSOE.
Los
empleados civiles, adscritos al Ministerio de Defensa y al servicio de
EEUU, tiene una situación muy particular. Se rigen por el tratado
bilateral que fija el uso compartido de la base naval, que tiene rango
jerárquico superior a cualquier ley española pero inferior a la
Constitución, recuerdan los trabajadores. Ese tratado impide a la
plantilla negociar sus salarios o sus jornadas y dicta que “no es materia de negociación sino una discrecionalidad de las fuerzas armadas de los EEUU”.
“Nosotros no somos militares, somos personal laboral contratado por el
Ministerio de Defensa y tenemos que tener plena capacidad de
negociación”, reivindican desde el comité. Trump tiene todo un polvorín laboral en su base geoestratégica para derribar el régimen sirio.
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