Iniciativas Políticas de la memoria: el Museo en la ESMA
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Secretaría de investigación - Entrevista a Hugo Vezzetti (04/04/2012)
LECTURA RECOMENDADA
Hugo Vezzetti - La memoria justa: política e historia
Hugo Vezzetti - Salud mental: ideología y poder, revista Los Libros, noviembre 1973
Las primeras decisiones del gobierno en materia de derechos humanos y renovación de la justicia (la iniciativa para la anulación de las leyes de exculpación y el proceso de cambios en la Corte) han contribuido a plantear la cuestión en términos de una política de largo plazo. Se puede señalar que el Presidente Kirchner no buscó acuerdos con la oposición ni con su propio partido pero, en las condiciones siempre precarias de las instituciones de gobierno, anunciaba lo más parecido a una política de Estado. Después de la catástrofe final del gobierno de De la Rua, se trataba de reunir la política con la sociedad y reafirmar el Estado de derecho; y el Presidente no eligió mal en la medida en que la reapertura de los juicios ha operado sobre un símbolo mayor de la reconstrucción democrática en la Argentina. A lo que se agrega la renovación de la Corte, realizada con una inédita participación de las instituciones de la sociedad, que hace más transparentes las decisiones y pone límites a las atribuciones presidenciales. Sin duda, esas medidas estuvieron entre lo mejor que podía hacerse con el objetivo de reparar la autoridad del Estado y la propia función presidencial. Esa política se instala en el tiempo largo de la acción institucional. En el caso de los juicios, no hay efectos inmediatos: está pendiente una decisión definitiva de la nueva Corte, que depende de sus propios tiempos. Aun con una resolución favorable a la anulación de las leyes, los procesos se prolongarán y seguramente no todos los acusados serán condenados. Nuestra generación y la que viene, por lo menos, van a convivir con ese tiempo largo de la acción institucional de la justicia. Se abre un curso que necesariamente va a abarcar varios períodos presidenciales y que retoma algunos de los cambios iniciados y prometidos en 1983: una acción independiente de la Justicia como cesura respecto del pasado y un principio de renovación a través de una Corte razonablemente equilibrado y prestigiosa.
Si hay algo que debería unir al gobierno, al partido justicialista, a la oposición y a toda la sociedad, es que esa operación mayor sobre la justicia y el Estado no quede librada a los tiempos cortos de una gestión presidencial, o a la vigencia de mayorías parlamentarias y de estados de la opinión que se han mostrado tan cambiantes en veinte años de democracia. En este terreno, que compromete la vida y la seguridad (en el sentido republicano, de garantías y derechos) de las generaciones presentes y futuras, la peor pesadilla imaginable sería otro cambio brusco de rumbo en una nueva administración que, en cuatro u ocho años, se dedique a desarmar y destruir lo que hoy debería constituir un acuerdo básico sobre un tópico que reúne justicia, democracia y derechos humanos, y que ha sido fundamental en las bases simbólicas, éticas y políticas del ciclo abierto en 1983.
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Las primeras decisiones del gobierno en materia de derechos humanos y renovación de la justicia (la iniciativa para la anulación de las leyes de exculpación y el proceso de cambios en la Corte) han contribuido a plantear la cuestión en términos de una política de largo plazo. Se puede señalar que el Presidente Kirchner no buscó acuerdos con la oposición ni con su propio partido pero, en las condiciones siempre precarias de las instituciones de gobierno, anunciaba lo más parecido a una política de Estado. Después de la catástrofe final del gobierno de De la Rua, se trataba de reunir la política con la sociedad y reafirmar el Estado de derecho; y el Presidente no eligió mal en la medida en que la reapertura de los juicios ha operado sobre un símbolo mayor de la reconstrucción democrática en la Argentina. A lo que se agrega la renovación de la Corte, realizada con una inédita participación de las instituciones de la sociedad, que hace más transparentes las decisiones y pone límites a las atribuciones presidenciales. Sin duda, esas medidas estuvieron entre lo mejor que podía hacerse con el objetivo de reparar la autoridad del Estado y la propia función presidencial. Esa política se instala en el tiempo largo de la acción institucional. En el caso de los juicios, no hay efectos inmediatos: está pendiente una decisión definitiva de la nueva Corte, que depende de sus propios tiempos. Aun con una resolución favorable a la anulación de las leyes, los procesos se prolongarán y seguramente no todos los acusados serán condenados. Nuestra generación y la que viene, por lo menos, van a convivir con ese tiempo largo de la acción institucional de la justicia. Se abre un curso que necesariamente va a abarcar varios períodos presidenciales y que retoma algunos de los cambios iniciados y prometidos en 1983: una acción independiente de la Justicia como cesura respecto del pasado y un principio de renovación a través de una Corte razonablemente equilibrado y prestigiosa.Si hay algo que debería unir al gobierno, al partido justicialista, a la oposición y a toda la sociedad, es que esa operación mayor sobre la justicia y el Estado no quede librada a los tiempos cortos de una gestión presidencial, o a la vigencia de mayorías parlamentarias y de estados de la opinión que se han mostrado tan cambiantes en veinte años de democracia. En este terreno, que compromete la vida y la seguridad (en el sentido republicano, de garantías y derechos) de las generaciones presentes y futuras, la peor pesadilla imaginable sería otro cambio brusco de rumbo en una nueva administración que, en cuatro u ocho años, se dedique a desarmar y destruir lo que hoy debería constituir un acuerdo básico sobre un tópico que reúne justicia, democracia y derechos humanos, y que ha sido fundamental en las bases simbólicas, éticas y políticas del ciclo abierto en 1983.
¿Cómo situar el proyecto de un Museo de la Memoria en ese marco? La primera dificultad nace del propio término, memoria, una condensación que hoy incluye demasiadas demandas y contradictorias atribuciones de sentido. Todos hablan de memoria como valor y objetivo, aun quienes hablan de “reconciliación”. Memoria ¿de qué? En una escena todavía dominada por la acción de la justicia, lo primero que aparece es una memoria de los crímenes. Si se puede hablar de un “régimen de memoria” (como Foucault hablaba de “regímenes de verdad”), en la memoria de los crímenes y de los criminales prevalece un régimen en el que la “verdad” en juego depende de los hechos, las pruebas y los testimonios singulares. Pero en el estado presente de la memoria hay otros núcleos y “formaciones”. Existe una memoria familiar, de vínculos afectados por esa ofensa moral que se agrega a los asesinatos, la desaparición de los restos mortales de las víctimas; esa memoria, asociada a los procesos de duelo, se pone en acto en la búsqueda de los niños apropiados. Están las memorias ideológicas, facciosas incluso, de grupos que reafirman identidades y afiliaciones del pasado, sea en el relato de la “guerra anti-subversiva”, sea, con variantes, en el relato combatiente de la aventura revolucionaria. Están los trabajos de una memoria intelectual asociada a los saberse y la investigación histórica. Y, finalmente, la memoria pública, política, que discute ese pasado desde tradiciones, valores y afiliaciones diversas y que combina o traduce motivos de todas las demás. En el presente emerge un estado de activación, una temperatura alta de las memorias, que se demostró en las repercusiones del acto del 24 de marzo, en el partido de gobierno, en la oposición y en la opinión pública. Una iniciativa como la del Museo (que el convenio firmado el 24 de marzo incluye en un Espacio para la Memoria y para la promoción y defensa de los Derechos Humanos) en el predio de la ESMA, enfrenta un problema mayor: por dónde empezar a plantear, a pensar y discutir los criterios y los lineamientos más generales de esa construcción. No voy a hablar, centralmente, del acto en la ESMA, sobre el cual ya se dijo mucho; quiero ver qué se puede saber y qué se puede pensar ahora, con la distancia de los tres meses transcurridos.
 Psicología y Psicoanálisis en la década del 70, con Hugo Vezzetti. El surgimiento de la carrera de Psicología en la Universidad de Buenos Aires, la relación del Psicoanálisis y la Salud Mental, y las diferencias entre la psicología de los años 50 y la psicología de los años 60 según el punto de vista de Hugo Vezzetti. "Tramas, memorias del presente" www.tramasradio.blogspot.com(Para cambiar de bloque presione >>) |
La “voluntad de memoria” que emerge en la esfera pública es la de los crímenes y los testimonios más cercanos en el tiempo. Me anticipo a decir que es enteramente esperable, si se habla de entrar a la ESMA. Es lo que muestra, por ejemplo, la visita a cargo de las víctimas sobrevivientes que vuelven al lugar donde estuvieron secuestradas, donde fueron torturadas, donde vieron por última vez a sus compañeros.(1; notas al final) Es comprensible que esa experiencia sobre el pasado esté dominada por un retorno casi real de lo que allí se sufrió; que busca dónde estaba cada uno, las cosas, los espacios y los detalles, y aspira a preservar todo, cada objeto y cada rincón. Esos testimonios son necesarios para reconstruir un espacio que puede formar parte del Museo proyectado, pero no puede verse allí el fundamento de una memoria “ampliada”, inspirada en la defensa y la promoción de los derechos humanos, que debería ser la base de un espacio nacional de rememoración de una tragedia,. La visita de los que estuvieron ahí y el sentido de ese retorno no puede constituirse en el modelo del tipo de experiencia que el Museo se propone ofrecer a sus visitantes futuros. Esa memoria inmediata es, como tal, intransferible y exige ser traducida, narrada, si se quiere construir algo para los que no estuvieron ahí, que son los miles, o millones, a los que se quiere comunicar lo que no vivieron. Finalmente, lo central es la relación de los objetos y las vivencias con las ideas y los relatos que les den sentido. Eso es lo más difícil y no se desprende de la experiencia del cautiverio y la tortura. Es lo que dice Primo Levi: la experiencia vivida en el campo no ofrece ninguna clave para el conocimiento y la interpretación. El problema mayor, entonces, es el de las condiciones de un consenso básico, que abarque, por lo menos, las preguntas capaces de reunir, de asociar, grupos, tradiciones, experiencias, incluso generaciones. Y esto es precisamente lo que parece alejado del estado presente de la iniciativa. Lo que hoy debería estar en juego es el porvenir de la memoria, que reúna esa construcción con un horizonte que en parte el Museo debe contribuir a abrir. La memoria no es un registro espontáneo del pasado, eso es sabido. Requiere de un marco de recuperación y de sentido en el presente y un horizonte de expectativa. En la experiencia argentina, la democracia ha constituido este horizonte, a la vez como un valor y como un nuevo marco institucional. De modo que esta proyección de la memoria y su relación con la justicia y los derechos es inseparable del debate sobre la experiencia de la democracia argentina. En verdad, su realización pone a prueba las capacidades del Estado, de los partidos y de la sociedad; de modo tal que es imposible pensar que una realización de esos objetivos pueda ser independiente de un curso político que contribuya a afianzar valores, prácticas e instituciones democráticas. La mejor memoria es la que encarna en la cultura y en la vida social y política de una comunidad. En ese sentido, si no es la encarnación de un consenso vivo y actuante en la sociedad puede significar muy poco. Por ejemplo, si en la sociedad se instalara esa fórmula terrible acuñada por el ex Presidente Duhalde, que dice que esa memoria trata de los derechos de los muertos y se opone a los de los pobres, si eso formara un sentido común en la sociedad, el mejor Museo va a valer tanto como un monumento en medio de un cementerio. Tampoco significaría mucho si terminara en un espacio destinado a conmemorar la militancia de los setenta, que sólo convoque a un espectro variado, minoritario, de la izquierda política e ideológica. El Museo propone un símbolo y a la vez debe ser tomado como un síntoma mayor del estado de la democracia. Es claro que abre, debe abrir, un debate político, y que hay necesariamente conflictos de memoria; pero, en todo caso, los alcances y los límites de lo que puede y debe ser debatido, la significación, los objetivos, los relatos que lo organicen, deberían ser pensados a partir del marco de consensos y diferencias que son constitutivos de una comunidad democrática.
La dimensión de verdad que se pone en juego en esa construcción no puede ser la continuación o la ampliación de la verdad material de los crímenes y las pruebas reunidas en los juicios, que por otra parte están muy lejos de haber concluido. La dimensión de verdad en un museo (que no sea solamente de la ESMA sino de lo que la ESMA simboliza) es más compleja y tiene otros caminos y otros protagonistas. Es una verdad histórica y social, en un sentido muy acentuado; no se desprende de los hechos y las pruebas, tampoco corresponde que sea determinada por jueces, así sean los más calificados; ni los juristas, ni las víctimas, pero tampoco los historiadores, los políticos o las asociaciones de derechos humanos podrían apropiarse del trabajo de construcción de esa verdad. Todos han dicho, han actuado, tienen mucho que decir; hoy, la deliberación amplia y pública debe prevalecer sobre cualquier intención de apurar decisiones que comprometan el destino de ese proyecto. De lo contrario, quedará un espacio de alcance reducido, replegado sobre una experiencia estrecha, destinado a un sector de la sociedad, que sólo convocará a los ya convencidos. Lamentablemente, ese es un riesgo cierto, si lo que predomina es el espíritu que animó el acto del 24 de marzo. Por otra parte, la edificación de una memoria que se involucra con la cuestión de la verdad no puede eludir la pregunta por los sujetos, los agentes de esa memoria; es decir, quienes están en situación de llevar adelante las iniciativas necesarias a esta etapa de deliberación y debate sobre el proyecto. Y recae, finalmente, sobre el problema de la temporalidad: ¿cómo plantear los tiempos de la memoria en relación con los tiempos de la Justicia y los de la política?
Es importante reconocer que esa memoria herida, de los crímenes y las afrentas, apegada a los lugares y los hechos, sigue ahí porque esos hechos, los protagonistas, los lugares siguen ahí. Se descubren todavía centros de detención y exterminio, los juicios siguen, la fuerza de la memoria reivindicativa de las víctimas exige justicia. El término luchas de la memoria encuentra su justificación en una escena todavía dominada por las denuncias de lo que queda y pervive en el aparato estatal. Y si es entendible que ese estado de la memoria esté dominado por la acción de los afectados directos no es admisible que esa posición, la lucha y el tiempo de la demanda de justicia deba dominar la compleja construcción de memoria que se plantea con el Museo.
Las experiencias más conocidas de la edificación de museos como encarnación de una “formación de memoria” ética e intelectual sobre acontecimientos límites de una sociedad se han desplegado cuando el acontecimiento había diluido o atenuado sus efectos. Pienso en el Museo del Holocausto en Washington. No digo que trate sobre episodios cerrados, pero están alejados de un horizonte que los actualiza, los hace presentes, como sucede con la memoria inmediata en el caso argentino. Un requisito de una construcción es cierta “pacificación” de los espíritus (no uso reconciliación, en todo caso “conciliación”, con el sentido de acuerdo, negociación, sería preferible). No hay memoria de largo plazo en medio de los combates. Lo cual plantea el problema de la “distancia” y la mediación: el papel de los partidos políticos y el de los especialistas: historiadores, museólogos, pedagogos, junto con los testigos directos y las víctimas. El Museo del Holocausto fue creado por una decisión del Presidente Carter, en 1978, e inaugurado, quince años después, por el Presidente Clinton. No faltaron los conflictos sobre la composición de la comisión encargada del proyecto y sobre el museo mismo y su contenido; los debates todavía continúan. Pero, con varias recomposiciones, esa comisión y su presidente fueron respaldados por el ejecutivo nacional, sin mayores fracturas por el cambio de la administración demócrata a las dos republicanas, entre Carter y Clinton. Desde luego, hay muchas diferencias con las condiciones del proyecto argentino, pero en cuanto al tema de los tiempos de una política de la memoria, lo destacable es que el proyecto mismo no se separa de las garantías de una acción estatal capaz de prolongarse en esa duración. Por otra parte, ampliar la perspectiva no se refiere sólo al tiempo de proyección y construcción del Museo sino a la duración del acontecimiento que se propone rememorar, condensado, al menos inicialmente, en el terrorismo de estado. ¿Dónde empezar? Parece evidente que no se pueden borrar las condiciones previas (políticas, sociales, institucionales, incluido el ascenso de la violencia política y los partidos armados), pero tampoco se puede dejar de incluir las acciones y consecuencias posteriores, desde el Nunca más y el Juicio, las causas abiertas en tribunales internacionales, los nuevos testimonios surgidos de las fuerzas armadas (o los que puedan surgir de ellas o de otros actores de la violencia política), hasta incluir las propias decisiones que se están tomando ahora sobre la continuidad de los procesos judiciales. ¿Puede desconocerse que el terrorismo desde el Estado comenzó durante el gobierno peronista, desde 1973, con procedimientos y ejecutores que estaban muy cerca del General Perón? (2) Y si parece inevitable incluir a Ezeiza y las Tres A ¿es posible excluir las acciones del terrorismo insurgente, contra Perón y el Estado, desde 1973? Éstas y otras preguntas (que ya han surgido) no pueden ser rechazadas con el argumento gastado de la “teoría de los dos demonios”, una fórmula hecha que hoy sólo sirve a la desmemoria y el rechazo del pensamiento. El tiempo de la memoria no se mide en años, se mide en generaciones; y las políticas correspondientes deberían pensarse en términos semejantes. ¿Quién y qué puede garantizar que una iniciativa de largo alcance, como un Museo de la memoria, un símbolo y un espacio nacional destinado a conmemorar y a educar para el provenir no quede sometido a los tiempos cortos de las decisiones y los climas políticos? En ese sentido, la ausencia de gobernadores, de legisladores, de jueces, de autoridades civiles y militares en al acto del 24 de marzo, la falta de toda puesta en escena de ese acto como una ceremonia de Estado (lo que ha sido considerado como un triunfo por las “memorias militantes”, ideológicas), es un rasgo preocupante, un signo de debilidad del proyecto, si se admite esa temporalidad larga y la necesidad de un compromiso estatal sólido.
La dimensión de verdad que se pone en juego en esa construcción no puede ser la continuación o la ampliación de la verdad material de los crímenes y las pruebas reunidas en los juicios, que por otra parte están muy lejos de haber concluido. La dimensión de verdad en un museo (que no sea solamente de la ESMA sino de lo que la ESMA simboliza) es más compleja y tiene otros caminos y otros protagonistas. Es una verdad histórica y social, en un sentido muy acentuado; no se desprende de los hechos y las pruebas, tampoco corresponde que sea determinada por jueces, así sean los más calificados; ni los juristas, ni las víctimas, pero tampoco los historiadores, los políticos o las asociaciones de derechos humanos podrían apropiarse del trabajo de construcción de esa verdad. Todos han dicho, han actuado, tienen mucho que decir; hoy, la deliberación amplia y pública debe prevalecer sobre cualquier intención de apurar decisiones que comprometan el destino de ese proyecto. De lo contrario, quedará un espacio de alcance reducido, replegado sobre una experiencia estrecha, destinado a un sector de la sociedad, que sólo convocará a los ya convencidos. Lamentablemente, ese es un riesgo cierto, si lo que predomina es el espíritu que animó el acto del 24 de marzo. Por otra parte, la edificación de una memoria que se involucra con la cuestión de la verdad no puede eludir la pregunta por los sujetos, los agentes de esa memoria; es decir, quienes están en situación de llevar adelante las iniciativas necesarias a esta etapa de deliberación y debate sobre el proyecto. Y recae, finalmente, sobre el problema de la temporalidad: ¿cómo plantear los tiempos de la memoria en relación con los tiempos de la Justicia y los de la política?
Es importante reconocer que esa memoria herida, de los crímenes y las afrentas, apegada a los lugares y los hechos, sigue ahí porque esos hechos, los protagonistas, los lugares siguen ahí. Se descubren todavía centros de detención y exterminio, los juicios siguen, la fuerza de la memoria reivindicativa de las víctimas exige justicia. El término luchas de la memoria encuentra su justificación en una escena todavía dominada por las denuncias de lo que queda y pervive en el aparato estatal. Y si es entendible que ese estado de la memoria esté dominado por la acción de los afectados directos no es admisible que esa posición, la lucha y el tiempo de la demanda de justicia deba dominar la compleja construcción de memoria que se plantea con el Museo.Las experiencias más conocidas de la edificación de museos como encarnación de una “formación de memoria” ética e intelectual sobre acontecimientos límites de una sociedad se han desplegado cuando el acontecimiento había diluido o atenuado sus efectos. Pienso en el Museo del Holocausto en Washington. No digo que trate sobre episodios cerrados, pero están alejados de un horizonte que los actualiza, los hace presentes, como sucede con la memoria inmediata en el caso argentino. Un requisito de una construcción es cierta “pacificación” de los espíritus (no uso reconciliación, en todo caso “conciliación”, con el sentido de acuerdo, negociación, sería preferible). No hay memoria de largo plazo en medio de los combates. Lo cual plantea el problema de la “distancia” y la mediación: el papel de los partidos políticos y el de los especialistas: historiadores, museólogos, pedagogos, junto con los testigos directos y las víctimas. El Museo del Holocausto fue creado por una decisión del Presidente Carter, en 1978, e inaugurado, quince años después, por el Presidente Clinton. No faltaron los conflictos sobre la composición de la comisión encargada del proyecto y sobre el museo mismo y su contenido; los debates todavía continúan. Pero, con varias recomposiciones, esa comisión y su presidente fueron respaldados por el ejecutivo nacional, sin mayores fracturas por el cambio de la administración demócrata a las dos republicanas, entre Carter y Clinton. Desde luego, hay muchas diferencias con las condiciones del proyecto argentino, pero en cuanto al tema de los tiempos de una política de la memoria, lo destacable es que el proyecto mismo no se separa de las garantías de una acción estatal capaz de prolongarse en esa duración. Por otra parte, ampliar la perspectiva no se refiere sólo al tiempo de proyección y construcción del Museo sino a la duración del acontecimiento que se propone rememorar, condensado, al menos inicialmente, en el terrorismo de estado. ¿Dónde empezar? Parece evidente que no se pueden borrar las condiciones previas (políticas, sociales, institucionales, incluido el ascenso de la violencia política y los partidos armados), pero tampoco se puede dejar de incluir las acciones y consecuencias posteriores, desde el Nunca más y el Juicio, las causas abiertas en tribunales internacionales, los nuevos testimonios surgidos de las fuerzas armadas (o los que puedan surgir de ellas o de otros actores de la violencia política), hasta incluir las propias decisiones que se están tomando ahora sobre la continuidad de los procesos judiciales. ¿Puede desconocerse que el terrorismo desde el Estado comenzó durante el gobierno peronista, desde 1973, con procedimientos y ejecutores que estaban muy cerca del General Perón? (2) Y si parece inevitable incluir a Ezeiza y las Tres A ¿es posible excluir las acciones del terrorismo insurgente, contra Perón y el Estado, desde 1973? Éstas y otras preguntas (que ya han surgido) no pueden ser rechazadas con el argumento gastado de la “teoría de los dos demonios”, una fórmula hecha que hoy sólo sirve a la desmemoria y el rechazo del pensamiento. El tiempo de la memoria no se mide en años, se mide en generaciones; y las políticas correspondientes deberían pensarse en términos semejantes. ¿Quién y qué puede garantizar que una iniciativa de largo alcance, como un Museo de la memoria, un símbolo y un espacio nacional destinado a conmemorar y a educar para el provenir no quede sometido a los tiempos cortos de las decisiones y los climas políticos? En ese sentido, la ausencia de gobernadores, de legisladores, de jueces, de autoridades civiles y militares en al acto del 24 de marzo, la falta de toda puesta en escena de ese acto como una ceremonia de Estado (lo que ha sido considerado como un triunfo por las “memorias militantes”, ideológicas), es un rasgo preocupante, un signo de debilidad del proyecto, si se admite esa temporalidad larga y la necesidad de un compromiso estatal sólido.
 El mito del Policlínico Bancario, por Gabriel Rot, en Revista Lucha Armada Nº 1, clic para descargar la revista completa. |
Es cierto que una intervención sobre la memoria social como la proyectada no puede prescindir de quienes han sido sujetos y agentes destacados del trabajo de rescate y reparación del pasado que se pretende conjurar: los organismos de derechos humanos y, sobre todo, de lo que se llama los “afectados”: familiares y víctimas. Ese protagonismo de los organismos ha estado presente en el origen del proyecto del Museo, en las diversas gestiones ante el gobierno de la ciudad de Buenos Aires (que promulga una ley a tal efecto en diciembre de 2002), en el anuncio del Presidente Kirchner en febrero de este año, después de un encuentro con dirigentes de los organismos y, finalmente, en el acto de la ESMA. Ante todo, es evidente que en el conjunto de las entidades de derechos humanos hay ideas diferentes sobre lo que debe hacerse allí. En la conferencia de prensa de febrero, las exposiciones del Secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde y de algunos de los representantes de los organismos, destacan objetivos diversos: la conmemoración de los militantes, la ocupación de un espacio en el que convivan el Museo y el Archivo con instituciones educativas, el acento en el conocimiento y la formación para las generaciones futuras, la asociación con un símbolo mayor de los crímenes de Estado, el “Auschwitz argentino” (planteada por el Secretario Duhalde); a lo que se añade el objetivo de desalojar a quienes hoy ocupan el predio, quienes, según la representante de ex detenidos-desaparecidos, “usaron esa escuela, ese terreno que se les concedió y ese predio, no para enseñar como se planteó sino para aniquilar a gran parte de una generación”.(3) Esa confrontación con la Armada de hoy y sus institutos de enseñanza y la idea de una acción que captura un espacio que todavía hoy estaría usurpado por quienes cometieron los crímenes, terminó por darle el sentido más fuerte al acto del 24 de marzo. Por otra parte, la idea de una reconquista, que supone la imposibilidad de admitir una relación de cercanía física con alguna dependencia de la Armada, ha dominado la discusión sobre la ocupación total o parcial del predio, algo que no queda definido en el Convenio firmado entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires.
Por lo tanto, aun sin incluir las posiciones contrarias extremas de Hebe de Bonafini, los criterios y objetivos del Museo muestran indefiniciones; como tales no son preocupantes, si se piensa en un proceso de elaboración y debate que recién comienza. Pero deben ser señaladas para una primera demarcación de los puntos pendientes de deliberación pública acerca de qué debe recordarse y cómo. De los organismos de derechos humanos, el que aporta más precisiones es el CELS, en un documento del 23 de marzo pasado, en el que plantea el papel del Estado y el de los organismos en el proceso de elaboración, en las decisiones del proyecto, y en la gestión y la autoridad sobre ese espacio y destaca que “debe ser expresión de una política de Estado que trascienda las coyunturas y los gobiernos”.
Finalmente, propugna un debate amplio y público que “debe desarrollarse por personas e instituciones de los más diversos sectores de la sociedad”.(4) La demanda de una política de Estado debe ser destacada como una cuestión clave. Por un lado, porque los conflictos sobre los criterios, los objetivos y los contenidos (que se reflejaron en el acto del 24 de marzo con un conjunto de vetos, exclusiones y autoexclusiones) de las luchas de memoria y de sentido, exigen un marco que busque el mayor consenso posible de una sociedad que no es homogénea. En ese sentido, la acción estatal que promueva y garantice la deliberación pública es el primer problema, el fundamento mismo de un proyecto como el que se plantea. Nadie puede esperar un consenso unánime. No hay políticas de memoria, no hay museos o monumentos del tipo del que aquí se plantea que lo alcancen. Para hablar de los varios museos sobre el Holocausto, las polémicas son interminables, sobre los contenidos, el uso, los destinatarios, la gestión, incluso sobre la importancia y el valor mismo del museo como marco y herramienta de una memoria ética y social. Y se trata de un acontecimiento ocurrido hace sesenta años y prácticamente cerrado desde el punto de vista de sus efectos políticos o jurídicos. Es esperable que el debate (que empezó en la Argentina hace veinte años y volvió a estallar ahora) sea bastante más largo y más enconado. Además, el papel del Estado es fundamental porque garantiza la voluntad política de asignar los medios, aportar las herramientas de gestión, y, sobre todo, asegurar la continuidad de un proyecto y de una institución destinada a perdurar. Ahora bien, en las declaraciones de apoyo a la iniciativa y al acto de la ESMA, surgidas de sectores políticos, se expone la idea de un espacio cedido a los organismos de derechos humanos. Por ejemplo, la CTA dice en su declaración del 24 de marzo pasado: “la entrega de la ESMA a los organismos de Derechos Humanos para transformarla en Museo de la Memoria es un hito histórico que se inscribe en este avance de la lucha por la memoria y la justicia”. El tema no merece ninguna consideración especial y queda agregado a una lista variada de demandas que incluye el rechazo al ALCA y al pago de la deuda externa y el reclamo de libertad y democracia sindical. En un sentido similar, Marcela Rodríguez, diputada del ARI, interrogada sobre el acto de la ESMA, todo lo que dice es: “Fue correcto. Respondía a un reclamo de los organismos”.(5) El convenio firmado entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires, no precisa casi nada sobre el proyecto ni sobre la jurisdicción y deja abierta la cuestión de la ocupación total o parcial de predio; crea una Comisión Bipartita sin más objetivos que la desocupación del predio y la delimitación física del Espacio. Es, sin embargo, específico en un solo punto: "concederá la más amplia y efectiva participación para el cumplimiento de su finalidad a los organismos no gubernamentales de derechos humanos, representantes de los familiares e hijos de las víctimas y de las personas que hayan sufrido detención desaparición en el predio objeto del presente Acuerdo y otras organizaciones representativas de la sociedad civil."
Es cierto que el Convenio no dice nada sobre la gestión futura del Museo ni se excluye que entre lo mucho que queda por definir esté la formación de una Comisión con una composición que incluya, por lo menos, a los partidos políticos, a especialistas y a instituciones académicas. Pero esa insistencia sobre los organismos y sobre los que sufrieron allí cautiverio puede constituirse en un límite para el objetivo de esa “memoria ampliada”, capaz de superar una visión de grupos o sectores, por muy representativos que sean. En verdad, la participación aludida en el convenio se convierte en una delegación de responsabilidades. Es lo que se evidencia, por ejemplo, en un aspecto tan básico como la información disponible sobre la iniciativa del Museo. Si se busca en la página web de la Presidencia y de la Secretaría de Derechos Humanos (que es muy completa en otras áreas), después del acto del 24 de marzo no hay nada: no hay información sobre proyectos, documentos de trabajos, apuntes o comisiones; el tema “Museo de la Memoria” está ausente. Ni siquiera el convenio firmado se encuentra allí. La información más completa, que incluye una declaración de principios sobre el museo, las leyes aprobadas en las Legislatura y el convenio, está disponible en la página de Memoria Abierta, una organización civil independiente sostenida por las principales entidades de derechos humanos. No minimizo la importancia de los organismos en esta iniciativa, pero sin la traducción de esas demandas en políticas públicas y compromisos de Estado, lo que queda, en la perspectiva de largo plazo, es un tema devaluado y sometido a los vaivenes de la política de corto plazo. Lo más preocupante es que eso ya ha sucedido en el pasado. Si se mira la historia reciente, la estrategia de los partidos, e incluyo no sólo los partidos mayoritarios sino todo el arco del “progresismo”, ha sido descargarse del problema de definir y construir una política de derechos humanos y de gestión y reparación de los crímenes de Estado, arrojándolo sobre los organismos. En verdad eso empezó antes, cuando los partidos claudicaron y fueron incapaces de organizar una resistencia a la dictadura sobre la base de una defensa de los derechos y esa resistencia quedó encabezada por las entidades de derechos humanos. El riesgo mayor es que se reitere, más allá de las declaraciones y los enunciados para la prensa, esa defección de la organización y la decisión política, que termina arrojando sobre las entidades responsabilidades indelegables del Estado o, en todo caso, del sistema político de mediación y decisión concentrado en el Estado.
Lo más sorprendente es que la oposición de una izquierda republicana pueda creer que ese tema, con esos antecedentes históricos y con la actual composición del poder estatal y de los combates de memoria en el partido de gobierno, pueda ser dejado en manos de un sector, por muy importante que sea, de la sociedad. Nadie, ni en el gobierno ni en la oposición, insinúa que un problema como la renovación de la Corte y la política para la justicia deban cederse a las organizaciones de abogados, de magistrados y de damnificados; nadie plantearía que la política económica y la deuda pública pueda quedar en manos de organizaciones sociales. Ahora bien ¿por qué lo que es considerado casi unánimemente como apropiado para esos asuntos de Estado no lo es para la cuestión de la memoria y los derechos humanos? Sin duda, hay razones históricas que lo explican, pero más allá de las intenciones, que no están al alcance de un juicio que sólo puede referirse a las acciones y sus consecuencias, cabe pensar que en verdad es un signo del rebajamiento de una cuestión que, así planteada, es difícil que pueda convertirse en fundamental y estratégica en la agenda política de la democracia. No le corresponde a los organismos definir políticas de Estado ni construir los consensos, dado que representan a un sector de la sociedad. La propia pluralidad de los organismos, sus diferencias y debates muestran que esa representación no está unificada. No es un problema de los organismos traducir otras demandas, por ejemplo de sectores de las fuerzas armadas que quieren cortar lazos con ese pasado y producen gestos de autocrítica o se subordinan a la justicia y a las leyes. Tampoco tiene que incluir (no digo que no lo haga alguna vez) a victimas del terrorismo de Estado que no eran militantes, como Edgardo Sajón o Helena Holmberg; ni a las víctimas del terrorismo insurgente, como José Rucci o Arturo Mor Roig. Pero esas demandas de memoria afloran, y seguramente van a crecer; justamente porque se sitúan en el límite de lo que el discurso y la acción del movimiento de los derechos humanos han sido capaces de construir, requieren de la acción mediadora y pacificadora del Estado.
Por otra parte ¿cómo separar, desde el Estado, la cuestión del Museo, su emplazamiento y su contenido, de una política para las fuerzas armadas? No es función de los organismos definir esas políticas, aunque sí juzgar y exigir la democratización de las fuerzas armadas. La representante de ex detenidos puede pensar que la recuperación del predio exige excluir las dependencias de la Armada porque representan la continuidad de los crímenes que allí se cometieron. Pero el Presidente no puede pensar eso y mantener funcionando esos establecimientos. Si efectivamente no han cortado sus lazos con el pasado, si los retiros, los procesos judiciales, la autocrítica, no han edificado los cimientos, por lo menos, de una fuerza incorporada a la democracia, entonces lo que hay que hacer no es trasladarlos sino suprimirlos y reemplazarlos. Se puede admitir en un particular, representativo de un grupo, esa expresión que parece pensar que lo que está lejos, o lo que no está al alcance de la visión, no afecta a las políticas públicas. Pero sería inadmisible que el Presidente como cabeza del Estado piense eso y no actúe en consecuencia. Y no digo que esas dependencias de la Armada deban seguir ahí; sólo que ése no puede ser un argumento válido para decidir su exclusión. Aun partiendo de la idea de que la decisión que se está tomando establece un corte, una ruptura simbólica e institucional con el pasado de ese predio, se pueden entender los argumentos en contra pero también a favor de que haya establecimientos de formación de militares y de civiles en el mismo espacio. En todo caso, no puede resolverse por anticipado y depende del proyecto que se elabore para el predio. Cuando Estela Carlotto propone instalar junto al Museo escuelas de artes y oficios, cabe preguntar por qué hay que excluir las escuelas navales u otras. Y éstas, como las demandas de las otras víctimas, y el conflicto admisible, necesario incluso, de memorias y valoraciones de esa experiencia, son las preguntas verdaderamente difíciles de encarar y gestionar, que requieren de la acción del Estado.
Hoy, cuando casi todo es incierto, lo peor sería que el apresuramiento o la política de los hechos consumados haga fracasar lo valioso de una iniciativa que debe incorporarse al mejor legado de la democracia argentina. Si termina en un fracaso ya no se podrá echarlo en la cuenta de los seguidores de la dictadura. Lo primero, entonces, es garantizar un debate público sobre las políticas estatales de la memoria, que es el problema central. Al mismo tiempo, están a la vista las dificultades para iniciar un debate civilizado sobre el pasado en el partido de gobierno. Ese debate, más incierto aun que el destino del Museo, exigiría traer a la discusión los temas hasta ahora relegados: la significación política y ética de la verdad y de la conciencia históricas, la acción reparatoria sobre el pasado, la transmisión de una experiencia a las generaciones que no la vivieron, las responsabilidades del Estado, en fin, el papel de la memoria y los derechos humanos en el porvenir de la democracia.
Notas 1 Página 12, 6/6/04. Se trata de una visita con funcionarios y profesionales, guiada por ex secuestrados, “para ver qué quedó y deberá ser conservado en el museo.” 2 Sergio Bufano, “Peronismo: víctima o victimario”, La Ciudad Futura, núm.55, otoño 2004.
3 Ver la conferencia de prensa del Secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde y de los representantes de los organismos de derechos humanos, Estela Carlotto, Miguel Monserrat, Lila Pastoriza y Marta Vázquez, 9/02/04, en http://www.presidencia.gov.ar/prensaoficial/txt 4 Ver http://www.cels.org.ar/Site_cels/index.html 5 Ver http://www.cta.org.ar/NewsPub/Archives/3/3-2004.shtml. La entrevista a la diputada del ARI en Página 12, 30/5/04.
Por lo tanto, aun sin incluir las posiciones contrarias extremas de Hebe de Bonafini, los criterios y objetivos del Museo muestran indefiniciones; como tales no son preocupantes, si se piensa en un proceso de elaboración y debate que recién comienza. Pero deben ser señaladas para una primera demarcación de los puntos pendientes de deliberación pública acerca de qué debe recordarse y cómo. De los organismos de derechos humanos, el que aporta más precisiones es el CELS, en un documento del 23 de marzo pasado, en el que plantea el papel del Estado y el de los organismos en el proceso de elaboración, en las decisiones del proyecto, y en la gestión y la autoridad sobre ese espacio y destaca que “debe ser expresión de una política de Estado que trascienda las coyunturas y los gobiernos”.
Finalmente, propugna un debate amplio y público que “debe desarrollarse por personas e instituciones de los más diversos sectores de la sociedad”.(4) La demanda de una política de Estado debe ser destacada como una cuestión clave. Por un lado, porque los conflictos sobre los criterios, los objetivos y los contenidos (que se reflejaron en el acto del 24 de marzo con un conjunto de vetos, exclusiones y autoexclusiones) de las luchas de memoria y de sentido, exigen un marco que busque el mayor consenso posible de una sociedad que no es homogénea. En ese sentido, la acción estatal que promueva y garantice la deliberación pública es el primer problema, el fundamento mismo de un proyecto como el que se plantea. Nadie puede esperar un consenso unánime. No hay políticas de memoria, no hay museos o monumentos del tipo del que aquí se plantea que lo alcancen. Para hablar de los varios museos sobre el Holocausto, las polémicas son interminables, sobre los contenidos, el uso, los destinatarios, la gestión, incluso sobre la importancia y el valor mismo del museo como marco y herramienta de una memoria ética y social. Y se trata de un acontecimiento ocurrido hace sesenta años y prácticamente cerrado desde el punto de vista de sus efectos políticos o jurídicos. Es esperable que el debate (que empezó en la Argentina hace veinte años y volvió a estallar ahora) sea bastante más largo y más enconado. Además, el papel del Estado es fundamental porque garantiza la voluntad política de asignar los medios, aportar las herramientas de gestión, y, sobre todo, asegurar la continuidad de un proyecto y de una institución destinada a perdurar. Ahora bien, en las declaraciones de apoyo a la iniciativa y al acto de la ESMA, surgidas de sectores políticos, se expone la idea de un espacio cedido a los organismos de derechos humanos. Por ejemplo, la CTA dice en su declaración del 24 de marzo pasado: “la entrega de la ESMA a los organismos de Derechos Humanos para transformarla en Museo de la Memoria es un hito histórico que se inscribe en este avance de la lucha por la memoria y la justicia”. El tema no merece ninguna consideración especial y queda agregado a una lista variada de demandas que incluye el rechazo al ALCA y al pago de la deuda externa y el reclamo de libertad y democracia sindical. En un sentido similar, Marcela Rodríguez, diputada del ARI, interrogada sobre el acto de la ESMA, todo lo que dice es: “Fue correcto. Respondía a un reclamo de los organismos”.(5) El convenio firmado entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires, no precisa casi nada sobre el proyecto ni sobre la jurisdicción y deja abierta la cuestión de la ocupación total o parcial de predio; crea una Comisión Bipartita sin más objetivos que la desocupación del predio y la delimitación física del Espacio. Es, sin embargo, específico en un solo punto: "concederá la más amplia y efectiva participación para el cumplimiento de su finalidad a los organismos no gubernamentales de derechos humanos, representantes de los familiares e hijos de las víctimas y de las personas que hayan sufrido detención desaparición en el predio objeto del presente Acuerdo y otras organizaciones representativas de la sociedad civil."
Es cierto que el Convenio no dice nada sobre la gestión futura del Museo ni se excluye que entre lo mucho que queda por definir esté la formación de una Comisión con una composición que incluya, por lo menos, a los partidos políticos, a especialistas y a instituciones académicas. Pero esa insistencia sobre los organismos y sobre los que sufrieron allí cautiverio puede constituirse en un límite para el objetivo de esa “memoria ampliada”, capaz de superar una visión de grupos o sectores, por muy representativos que sean. En verdad, la participación aludida en el convenio se convierte en una delegación de responsabilidades. Es lo que se evidencia, por ejemplo, en un aspecto tan básico como la información disponible sobre la iniciativa del Museo. Si se busca en la página web de la Presidencia y de la Secretaría de Derechos Humanos (que es muy completa en otras áreas), después del acto del 24 de marzo no hay nada: no hay información sobre proyectos, documentos de trabajos, apuntes o comisiones; el tema “Museo de la Memoria” está ausente. Ni siquiera el convenio firmado se encuentra allí. La información más completa, que incluye una declaración de principios sobre el museo, las leyes aprobadas en las Legislatura y el convenio, está disponible en la página de Memoria Abierta, una organización civil independiente sostenida por las principales entidades de derechos humanos. No minimizo la importancia de los organismos en esta iniciativa, pero sin la traducción de esas demandas en políticas públicas y compromisos de Estado, lo que queda, en la perspectiva de largo plazo, es un tema devaluado y sometido a los vaivenes de la política de corto plazo. Lo más preocupante es que eso ya ha sucedido en el pasado. Si se mira la historia reciente, la estrategia de los partidos, e incluyo no sólo los partidos mayoritarios sino todo el arco del “progresismo”, ha sido descargarse del problema de definir y construir una política de derechos humanos y de gestión y reparación de los crímenes de Estado, arrojándolo sobre los organismos. En verdad eso empezó antes, cuando los partidos claudicaron y fueron incapaces de organizar una resistencia a la dictadura sobre la base de una defensa de los derechos y esa resistencia quedó encabezada por las entidades de derechos humanos. El riesgo mayor es que se reitere, más allá de las declaraciones y los enunciados para la prensa, esa defección de la organización y la decisión política, que termina arrojando sobre las entidades responsabilidades indelegables del Estado o, en todo caso, del sistema político de mediación y decisión concentrado en el Estado.
Lo más sorprendente es que la oposición de una izquierda republicana pueda creer que ese tema, con esos antecedentes históricos y con la actual composición del poder estatal y de los combates de memoria en el partido de gobierno, pueda ser dejado en manos de un sector, por muy importante que sea, de la sociedad. Nadie, ni en el gobierno ni en la oposición, insinúa que un problema como la renovación de la Corte y la política para la justicia deban cederse a las organizaciones de abogados, de magistrados y de damnificados; nadie plantearía que la política económica y la deuda pública pueda quedar en manos de organizaciones sociales. Ahora bien ¿por qué lo que es considerado casi unánimemente como apropiado para esos asuntos de Estado no lo es para la cuestión de la memoria y los derechos humanos? Sin duda, hay razones históricas que lo explican, pero más allá de las intenciones, que no están al alcance de un juicio que sólo puede referirse a las acciones y sus consecuencias, cabe pensar que en verdad es un signo del rebajamiento de una cuestión que, así planteada, es difícil que pueda convertirse en fundamental y estratégica en la agenda política de la democracia. No le corresponde a los organismos definir políticas de Estado ni construir los consensos, dado que representan a un sector de la sociedad. La propia pluralidad de los organismos, sus diferencias y debates muestran que esa representación no está unificada. No es un problema de los organismos traducir otras demandas, por ejemplo de sectores de las fuerzas armadas que quieren cortar lazos con ese pasado y producen gestos de autocrítica o se subordinan a la justicia y a las leyes. Tampoco tiene que incluir (no digo que no lo haga alguna vez) a victimas del terrorismo de Estado que no eran militantes, como Edgardo Sajón o Helena Holmberg; ni a las víctimas del terrorismo insurgente, como José Rucci o Arturo Mor Roig. Pero esas demandas de memoria afloran, y seguramente van a crecer; justamente porque se sitúan en el límite de lo que el discurso y la acción del movimiento de los derechos humanos han sido capaces de construir, requieren de la acción mediadora y pacificadora del Estado.Por otra parte ¿cómo separar, desde el Estado, la cuestión del Museo, su emplazamiento y su contenido, de una política para las fuerzas armadas? No es función de los organismos definir esas políticas, aunque sí juzgar y exigir la democratización de las fuerzas armadas. La representante de ex detenidos puede pensar que la recuperación del predio exige excluir las dependencias de la Armada porque representan la continuidad de los crímenes que allí se cometieron. Pero el Presidente no puede pensar eso y mantener funcionando esos establecimientos. Si efectivamente no han cortado sus lazos con el pasado, si los retiros, los procesos judiciales, la autocrítica, no han edificado los cimientos, por lo menos, de una fuerza incorporada a la democracia, entonces lo que hay que hacer no es trasladarlos sino suprimirlos y reemplazarlos. Se puede admitir en un particular, representativo de un grupo, esa expresión que parece pensar que lo que está lejos, o lo que no está al alcance de la visión, no afecta a las políticas públicas. Pero sería inadmisible que el Presidente como cabeza del Estado piense eso y no actúe en consecuencia. Y no digo que esas dependencias de la Armada deban seguir ahí; sólo que ése no puede ser un argumento válido para decidir su exclusión. Aun partiendo de la idea de que la decisión que se está tomando establece un corte, una ruptura simbólica e institucional con el pasado de ese predio, se pueden entender los argumentos en contra pero también a favor de que haya establecimientos de formación de militares y de civiles en el mismo espacio. En todo caso, no puede resolverse por anticipado y depende del proyecto que se elabore para el predio. Cuando Estela Carlotto propone instalar junto al Museo escuelas de artes y oficios, cabe preguntar por qué hay que excluir las escuelas navales u otras. Y éstas, como las demandas de las otras víctimas, y el conflicto admisible, necesario incluso, de memorias y valoraciones de esa experiencia, son las preguntas verdaderamente difíciles de encarar y gestionar, que requieren de la acción del Estado.
Hoy, cuando casi todo es incierto, lo peor sería que el apresuramiento o la política de los hechos consumados haga fracasar lo valioso de una iniciativa que debe incorporarse al mejor legado de la democracia argentina. Si termina en un fracaso ya no se podrá echarlo en la cuenta de los seguidores de la dictadura. Lo primero, entonces, es garantizar un debate público sobre las políticas estatales de la memoria, que es el problema central. Al mismo tiempo, están a la vista las dificultades para iniciar un debate civilizado sobre el pasado en el partido de gobierno. Ese debate, más incierto aun que el destino del Museo, exigiría traer a la discusión los temas hasta ahora relegados: la significación política y ética de la verdad y de la conciencia históricas, la acción reparatoria sobre el pasado, la transmisión de una experiencia a las generaciones que no la vivieron, las responsabilidades del Estado, en fin, el papel de la memoria y los derechos humanos en el porvenir de la democracia.
Notas 1 Página 12, 6/6/04. Se trata de una visita con funcionarios y profesionales, guiada por ex secuestrados, “para ver qué quedó y deberá ser conservado en el museo.” 2 Sergio Bufano, “Peronismo: víctima o victimario”, La Ciudad Futura, núm.55, otoño 2004.
3 Ver la conferencia de prensa del Secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde y de los representantes de los organismos de derechos humanos, Estela Carlotto, Miguel Monserrat, Lila Pastoriza y Marta Vázquez, 9/02/04, en http://www.presidencia.gov.ar/prensaoficial/txt 4 Ver http://www.cels.org.ar/Site_cels/index.html 5 Ver http://www.cta.org.ar/NewsPub/Archives/3/3-2004.shtml. La entrevista a la diputada del ARI en Página 12, 30/5/04.
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