Entrevista a Marta Vassallo, miembro del Comité por la Liberación de Milagro Sala
Jujuy es “el laboratorio de la guerra social” del Gobierno de Macri
Pressenza
Vassallo ejerció la docencia después de licenciarse en Letras; vivió exiliada en Barcelona durante la dictadura y volvió a Buenos Aires en 1984, cuando comenzó su labor periodística, que ha desarrollado en diferentes redacciones de periódicos y agencias, colaborando actualmente con Le Monde Diplomatique y distintos medios digitales. Durante estos años, también trabajó en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, ubicado en el que fue uno de los más grandes centros clandestinos de detención de la dictadura.Como periodista y como miembro del Comité por la Liberación de Milagro Sala ¿Cuál es tu análisis de la situación que está viviendo Argentina?
En las elecciones presidenciales del mes de noviembre de 2015 Mauricio Macri, jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires desde 2007, al frente de una coalición de centro derecha, “Cambiemos”, ganó en el balotaje por muy estrecho margen, 2 puntos, al Frente para la Victoria, el partido peronista de gobierno de los Kirchner desde 2003.
El gobierno de la Alianza Cambiemos es el gobierno de los poderes económicos a cuyo servicio estuvo la última dictadura militar a través de la Doctrina de la Seguridad Nacional. Su apretado triunfo estuvo rodeado de una euforia en la que se mezclaron los verdaderos beneficiarios de esta política (que no alcanzan al 20% de la población) con importantes sectores de clases medias y bajas, que respondieron a la propuesta de “cambiar”. Durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner los medios dominantes mantuvieron un bombardeo incesante y eficaz sobre la opinión pública contra las medidas del gobierno. El gobierno se expresaba a través de muy pocos canales y radios, fundamentalmente a través de la radio y la TV públicas. El gobierno de Macri, que monopoliza los medios, continúa con ese bombardeo, que ahora toma la forma de responsabilizar de los problemas actuales a la gestión anterior, a la que acusa sobre todo de corrupción. Con el agravante de que la radio y la tv públicas ahora están ocupados por los aliados del gobierno de Macri, una de cuyas primeras medidas fue derogar la Ley de Medios, uno de los logros del gobierno anterior.
Además de derogar la Ley de Medios, inició su gobierno con una devaluación de más del 50% y con una serie de aumentos en artículos de primera necesidad – sobre todo harina y carne, los componentes principales de la alimentación en la Argentina; a eso se sumaron aumentos por cinco o más de las tarifas de los servicios básicos: luz, agua, gas. La inflación duplica a la que había el último año de la gestión kirchnerista. Este conjunto de medidas económicas llevó enseguida a una disminución del poder adquisitivo de los asalariados, arrojando a la pobreza y aun a la indigencia a sectores que se habían beneficiado con las políticas kirchneristas. El gobierno se dispone a dejar sin fondos la entidad administradora de jubilaciones, con lo que revierte otro gran logro: la estatización de las jubilaciones y una cobertura que alcanzó al 95 por ciento de las personas en edad de jubilarse, que había impulsado Cristina Fernández. Dio un vuelco de 180 grados a la política exterior, inclinándose a la Alianza del Pacífico y oponiéndose a los gobiernos de Venezuela y Bolivia. Macri avaló el golpe contra Dilma Rousseff en Brasil.
Ante la gravedad de todas estas medidas, ¿Qué respuesta está dando la oposición? ¿Qué está pasando con los movimientos sociales?
La reacción no es proporcional a la gravedad de lo que sucede: en el Parlamento la oposición se fragmentó. Un desprendimiento del peronismo, el Frente Renovador, prácticamente cogobierna con Cambiemos, pero también el peronismo (en su doble faz de Partido Justicialista y Frente para la Victoria) se fragmentó, quedando muy reducido el Frente para la Victoria, objeto de una persecución política desde el gobierno mayormente disfrazada de persecución judicial. Las figuras más visibles de esa persecución son la ex presidenta Cristina Kirchner, la presidenta de Madres de Plaza de Mayo Hebe de Bonafini y la dirigente social Milagro Sala. Tanto Bonafini como Sala adhirieron a los gobiernos kirchneristas en respuesta a la política de derechos humanos y a las políticas sociales.
La verdadera oposición transcurre por fuera del Parlamento, y se expresa en manifestaciones masivas contrarias al gobierno. Las más notables fueron: la del 24 de marzo, aniversario del golpe de 1976, contra un gobierno que está enviando a prisión domiciliaria a muchos de los condenados en juicios por crímenes de lesa humanidad; que no menciona el terrorismo de Estado, sino que habla de “guerra sucia”, una expresión propia de la dictadura militar; una gran concentración el 13 de abril ante el tribunal donde había sido llamada a indagatoria la ex presidenta; una concentración ante el Monumento al Trabajo de las cinco centrales obreras más una organización de trabajadores de la economía informal, la CETEP el 29 de abril; una marcha el 7 de agosto, día de San Cayetano, desde Liniers hasta Plaza de Mayo, protagonizada por la CETEP y otros movimientos sociales; la Marcha federal, desde el 31 de agosto al 2 de septiembre, convocada por dos centrales sindicales a las que se sumaron movimientos sociales: cinco columnas procedentes del norte, el oeste y el sur confluyeron en Plaza de Mayo contra los “tarifazos”, el ajuste y los despidos. En esta Marcha tuvo mucha presencia el reclamo de libertad a Milagro Sala. La carta que leyó el titular del gremio de estatales de Capital decía así:
El gobierno de la provincia de Jujuy, en el extremo norte de Argentina, fue asumido por Gerardo Morales, de la Unión Cívica Radical, partido tradicional que integra la coalición Cambiemos. Gerardo Morales inició una persecución contra la Tupac Amaru y su líder, para lo cual contó con el apoyo de la mayoría de las clases medias de Jujuy, poco tolerantes de que las clases bajas, mestizas e indígenas, abandonen una condición tradicional de servidumbre.
El movimiento Tupac Amaru, liderado por Milagro Sala, surgió en la década de los 90, peleando contra el gobierno de Carlos Menem, un peronista que una vez en el gobierno llevó adelante una política económica neoliberal. Bajo el gobierno del también peronista Néstor Kirchner, que asumió en 2003, la Tupac Amaru protagonizó un emprendimiento social de construcción de viviendas, pero además instaló centros de salud, escuelas primarias y secundarias, un instituto terciario y centros de recreación en diferentes ciudades de la provincia de Jujuy. Con el cambio de gobierno en diciembre de 2015, el movimiento Tupac Amaru empezó a ser perseguido, intervenidas y desmanteladas sus fábricas, centros de salud, centros recreativos, y perseguidos sus integrantes salvo que se prestaran a difamar a sus compañeros. La persecución culminó con la cárcel para la líder Milagro Sala, en enero de 2016, y sucesivamente para otros diez líderes tupaqueros.
Gerardo Morales gobierna Jujuy mediante un poder absoluto sobre la justicia y los medios de comunicación. Milagro fue detenida el 16 de enero por “instigación al delito” y “tumulto”, causa desestimada a los 15 días pero sustituida inmediatamente por la de “asociación ilícita, fraude al Estado y extorsión”, la misma por la que se le dictó prisión preventiva el 28 de abril. Actualmente Milagro suma nueve causas, que además de a ella tienen 30 imputados y diez detenidos. Las detenciones se fundan en denuncias hechas por personas extorsionadas, algunas de ellas imputadas como Milagro y los detenidos, a quienes se les promete levantarles los cargos si difaman a Milagro y la Tupac Amaru, o trabajo en otras cooperativas, dado que los que integraban las cooperativas de la Tupac Amaru son despedidos, perseguidos y nadie les da trabajo.
Las condiciones de los detenidos son muy malas. Las tres detenidas en el mismo penal de Milagro no pueden entrar en contacto con ella. Los demás están aislados en comisarías y en el penal de hombres. Pasaron el invierno – muy duro en Jujuy, que es una zona muy alta y montañosa – sin agua caliente, y no se les hacían llegar la ropa de abrigo que alcanzaban los familiares. En el penal recurren al aislamiento en celdas de castigo. Todos los detenidos sufren mucho por sus familiares, acosados y perseguidos por el hecho de serlo. La hija de 13 años de una presa, el hijo de 16 de otra, han hecho intentos de suicidio porque los atormentan insultando a sus madres.
Morales parece ensañarse con la Tupac. ¿Qué razones están de fondo en esta persecución sistemática?
Gerardo Morales tiene una antigua inquina contra Milagro Sala y su organización. Lo mismo que Carlos Blaquier, el dueño del ingenio Ledesma, a quien responde Morales, procesado por crímenes de lesa humanidad, y absuelto finalmente por una justicia cómplice. La Tupac Amaru, solidaria con los familiares de los detenidos-desaparecidos en la llamada “noche del apagón” (en julio de 1977 la dictadura provocó un corte de luz en una región de Jujuy y al abrigo de la oscuridad fueron detenidos y llevados a campos de detención cientos de personas, de las cuales 30 siguen desaparecidas), tuvo un rol protagónico en el procesamiento de Blaquier. Para Blaquier Milagro es una enemiga personal, y se está vengando.
Jujuy es una provincia en estado de excepción, pero se la ha considerado “el laboratorio de la guerra social” que el gobierno de Macri quiere extender a todo el país. La persecución política disfrazada de lucha contra la corrupción a través del aparato judicial es uno de los rasgos del actual gobierno, que además se venga del fallido intento de reforma judicial del gobierno de Cristina Fernández: el personal judicial que no responde a los intereses de la alianza política gobernante es sospechoso de delitos. Los despidos fundados en que los despedidos no trabajan, o en que los puestos de trabajo en cuestión no tienen razón de ser, se extienden a todo el país, en el ámbito público y en el privado. Se impone un discurso según el cual los sectores populares gozaron de beneficios que no merecen, o son sospechosos de corruptela.
Por otra parte, la organización barrial Tupac Amaru constituye una excepción por la calidad y dimensión de sus obras. Las cinco empresas de construcción de la provincia necesitan destruirla. La misma organización fabricaba las viviendas, las escuelas, los centros de salud, los parques, las puertas y ventanas de los edificios, la ropa de trabajo, los delantales de los escolares, la ropa de cama. Los hospitales, escuelas y fábricas de la provincia les compraban la ropa. Llegó a ser la tercera empleadora de la provincia, después del estado y del ingenio Ledesma. Fue el testimonio viviente de que es posible el ideal de un destacado economista argentino que murió hace poco, Aldo Ferrer, que postulaba “vivir con lo nuestro”. De que se podía cumplir el sueño de Salvador Mazza, el médico especializado en el mal de Chagas, que quería “erradicar los ranchos”. La Tupac Amaru los erradicó. Eso lo logró una comunidad marginada, discriminada étnica y socialmente, confinada por los sectores medios a una vida de trabajos duros y mal pagos. El poder popular construido por esta organización es inédito en la provincia y en el país. Eso es lo que los Blaquier y los Morales, avalados por el gobierno nacional de Macri, no pueden tolerar ni perdonar. Esa es la razón de su revancha.
La destrucción de la Tupac Amaru forma parte del objetivo del gobierno de Macri de no dejar vestigio de las tres gestiones consecutivas del kirchnerismo, enterrarlas bajo la lápida de la corrupción y el “populismo”.
Lo que ocurre en Argentina no es un hecho aislado. Visto a la distancia, forma parte de un plan mayor que afectaría a toda la región. ¿Cómo ves el futuro de Argentina y de toda Latinoamérica?
La región que había dado pasos importantes hacia su integración bajo el predominio de gobiernos transformadores dentro de regímenes parlamentarios inicia un vuelco hacia una restauración de políticas neoliberales: lo ejemplifica el triunfo de Macri en Argentina, el golpe parlamentario contra Dilma – y por elevación contra Lula- en Brasil; el hostigamiento contra el gobierno chavista de Venezuela; los golpes triunfantes en Paraguay y Honduras; el sabotaje al gobierno de Evo Morales en Bolivia. Esa es la foto de hoy. Es difícil aventurar un futuro. Lo decisivo será cómo actúan los efectos de una década ganada para los pueblos de América del Sur en la resistencia que han de emprender contra las graves amenazas y los desafíos arduos que enfrentan.
Gabriela Amaya es responsable de la Redacción de Madrid y participa en Pressenza desde su creación. Ha trabajado en radio y prensa escrita y, desde hace años, ha decidido desarrollar su trabajo periodístico como profesional voluntaria al servicio de la paz y la no violencia.
En las elecciones presidenciales del mes de noviembre de 2015 Mauricio Macri, jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires desde 2007, al frente de una coalición de centro derecha, “Cambiemos”, ganó en el balotaje por muy estrecho margen, 2 puntos, al Frente para la Victoria, el partido peronista de gobierno de los Kirchner desde 2003.
El gobierno de la Alianza Cambiemos es el gobierno de los poderes económicos a cuyo servicio estuvo la última dictadura militar a través de la Doctrina de la Seguridad Nacional. Su apretado triunfo estuvo rodeado de una euforia en la que se mezclaron los verdaderos beneficiarios de esta política (que no alcanzan al 20% de la población) con importantes sectores de clases medias y bajas, que respondieron a la propuesta de “cambiar”. Durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner los medios dominantes mantuvieron un bombardeo incesante y eficaz sobre la opinión pública contra las medidas del gobierno. El gobierno se expresaba a través de muy pocos canales y radios, fundamentalmente a través de la radio y la TV públicas. El gobierno de Macri, que monopoliza los medios, continúa con ese bombardeo, que ahora toma la forma de responsabilizar de los problemas actuales a la gestión anterior, a la que acusa sobre todo de corrupción. Con el agravante de que la radio y la tv públicas ahora están ocupados por los aliados del gobierno de Macri, una de cuyas primeras medidas fue derogar la Ley de Medios, uno de los logros del gobierno anterior.
Además de derogar la Ley de Medios, inició su gobierno con una devaluación de más del 50% y con una serie de aumentos en artículos de primera necesidad – sobre todo harina y carne, los componentes principales de la alimentación en la Argentina; a eso se sumaron aumentos por cinco o más de las tarifas de los servicios básicos: luz, agua, gas. La inflación duplica a la que había el último año de la gestión kirchnerista. Este conjunto de medidas económicas llevó enseguida a una disminución del poder adquisitivo de los asalariados, arrojando a la pobreza y aun a la indigencia a sectores que se habían beneficiado con las políticas kirchneristas. El gobierno se dispone a dejar sin fondos la entidad administradora de jubilaciones, con lo que revierte otro gran logro: la estatización de las jubilaciones y una cobertura que alcanzó al 95 por ciento de las personas en edad de jubilarse, que había impulsado Cristina Fernández. Dio un vuelco de 180 grados a la política exterior, inclinándose a la Alianza del Pacífico y oponiéndose a los gobiernos de Venezuela y Bolivia. Macri avaló el golpe contra Dilma Rousseff en Brasil.
Ante la gravedad de todas estas medidas, ¿Qué respuesta está dando la oposición? ¿Qué está pasando con los movimientos sociales?
La reacción no es proporcional a la gravedad de lo que sucede: en el Parlamento la oposición se fragmentó. Un desprendimiento del peronismo, el Frente Renovador, prácticamente cogobierna con Cambiemos, pero también el peronismo (en su doble faz de Partido Justicialista y Frente para la Victoria) se fragmentó, quedando muy reducido el Frente para la Victoria, objeto de una persecución política desde el gobierno mayormente disfrazada de persecución judicial. Las figuras más visibles de esa persecución son la ex presidenta Cristina Kirchner, la presidenta de Madres de Plaza de Mayo Hebe de Bonafini y la dirigente social Milagro Sala. Tanto Bonafini como Sala adhirieron a los gobiernos kirchneristas en respuesta a la política de derechos humanos y a las políticas sociales.
La verdadera oposición transcurre por fuera del Parlamento, y se expresa en manifestaciones masivas contrarias al gobierno. Las más notables fueron: la del 24 de marzo, aniversario del golpe de 1976, contra un gobierno que está enviando a prisión domiciliaria a muchos de los condenados en juicios por crímenes de lesa humanidad; que no menciona el terrorismo de Estado, sino que habla de “guerra sucia”, una expresión propia de la dictadura militar; una gran concentración el 13 de abril ante el tribunal donde había sido llamada a indagatoria la ex presidenta; una concentración ante el Monumento al Trabajo de las cinco centrales obreras más una organización de trabajadores de la economía informal, la CETEP el 29 de abril; una marcha el 7 de agosto, día de San Cayetano, desde Liniers hasta Plaza de Mayo, protagonizada por la CETEP y otros movimientos sociales; la Marcha federal, desde el 31 de agosto al 2 de septiembre, convocada por dos centrales sindicales a las que se sumaron movimientos sociales: cinco columnas procedentes del norte, el oeste y el sur confluyeron en Plaza de Mayo contra los “tarifazos”, el ajuste y los despidos. En esta Marcha tuvo mucha presencia el reclamo de libertad a Milagro Sala. La carta que leyó el titular del gremio de estatales de Capital decía así:
“A los compañeros y compañeras de la Marcha Federal:Milagro Sala, Presa políticaPor las noticias que llegan al exterior, Jujuy pareciera que se ha convertido en una provincia especialmente castigada, y la Tupac Amaru con Milagro Sala a la cabeza, su mayor víctima
Vayan mis saludos y quiero agradecerles por el gran esfuerzo que hicieron para poder llegar a Plaza de Mayo.
Es claro que los que hoy están en la Plaza son los que luchan por más Trabajo, Salud, Educación y por la recuperación de miles de argentinos que quedaron sin trabajo; de los que van a pelear en contra del ajuste, de los cierres de fábrica, de comercios, de empresas, de más despidos en el sector estatal que significan más desocupación en nuestro país.
Nos habían prometido “la revolución de la alegría” y en nueve meses nos encontramos con “la revolución de la tristeza”.
Habíamos terminado con el FMI y hoy están de nuevo en nuestro país produciendo más endeudamiento.
Por todo esto les pido, tratemos de dejar las diferencias de lado y lograr la unidad del campo popular desde donde va a ser posible combatir el avasallamiento de este gobierno de las multinacionales.
Compañeros y compañeras, desde la cárcel insto a seguir organizándose y a no bajar los brazos.
Nuestra querida Argentina hoy es cuando más nos necesita.
A los jóvenes sobre todo: a organizarse porque son el futuro de la Patria.
Un abrazo fuerte revolucionario. ¡Hasta la victoria siempre!”.
El gobierno de la provincia de Jujuy, en el extremo norte de Argentina, fue asumido por Gerardo Morales, de la Unión Cívica Radical, partido tradicional que integra la coalición Cambiemos. Gerardo Morales inició una persecución contra la Tupac Amaru y su líder, para lo cual contó con el apoyo de la mayoría de las clases medias de Jujuy, poco tolerantes de que las clases bajas, mestizas e indígenas, abandonen una condición tradicional de servidumbre.
El movimiento Tupac Amaru, liderado por Milagro Sala, surgió en la década de los 90, peleando contra el gobierno de Carlos Menem, un peronista que una vez en el gobierno llevó adelante una política económica neoliberal. Bajo el gobierno del también peronista Néstor Kirchner, que asumió en 2003, la Tupac Amaru protagonizó un emprendimiento social de construcción de viviendas, pero además instaló centros de salud, escuelas primarias y secundarias, un instituto terciario y centros de recreación en diferentes ciudades de la provincia de Jujuy. Con el cambio de gobierno en diciembre de 2015, el movimiento Tupac Amaru empezó a ser perseguido, intervenidas y desmanteladas sus fábricas, centros de salud, centros recreativos, y perseguidos sus integrantes salvo que se prestaran a difamar a sus compañeros. La persecución culminó con la cárcel para la líder Milagro Sala, en enero de 2016, y sucesivamente para otros diez líderes tupaqueros.
Gerardo Morales gobierna Jujuy mediante un poder absoluto sobre la justicia y los medios de comunicación. Milagro fue detenida el 16 de enero por “instigación al delito” y “tumulto”, causa desestimada a los 15 días pero sustituida inmediatamente por la de “asociación ilícita, fraude al Estado y extorsión”, la misma por la que se le dictó prisión preventiva el 28 de abril. Actualmente Milagro suma nueve causas, que además de a ella tienen 30 imputados y diez detenidos. Las detenciones se fundan en denuncias hechas por personas extorsionadas, algunas de ellas imputadas como Milagro y los detenidos, a quienes se les promete levantarles los cargos si difaman a Milagro y la Tupac Amaru, o trabajo en otras cooperativas, dado que los que integraban las cooperativas de la Tupac Amaru son despedidos, perseguidos y nadie les da trabajo.
Las condiciones de los detenidos son muy malas. Las tres detenidas en el mismo penal de Milagro no pueden entrar en contacto con ella. Los demás están aislados en comisarías y en el penal de hombres. Pasaron el invierno – muy duro en Jujuy, que es una zona muy alta y montañosa – sin agua caliente, y no se les hacían llegar la ropa de abrigo que alcanzaban los familiares. En el penal recurren al aislamiento en celdas de castigo. Todos los detenidos sufren mucho por sus familiares, acosados y perseguidos por el hecho de serlo. La hija de 13 años de una presa, el hijo de 16 de otra, han hecho intentos de suicidio porque los atormentan insultando a sus madres.
Morales parece ensañarse con la Tupac. ¿Qué razones están de fondo en esta persecución sistemática?
Gerardo Morales tiene una antigua inquina contra Milagro Sala y su organización. Lo mismo que Carlos Blaquier, el dueño del ingenio Ledesma, a quien responde Morales, procesado por crímenes de lesa humanidad, y absuelto finalmente por una justicia cómplice. La Tupac Amaru, solidaria con los familiares de los detenidos-desaparecidos en la llamada “noche del apagón” (en julio de 1977 la dictadura provocó un corte de luz en una región de Jujuy y al abrigo de la oscuridad fueron detenidos y llevados a campos de detención cientos de personas, de las cuales 30 siguen desaparecidas), tuvo un rol protagónico en el procesamiento de Blaquier. Para Blaquier Milagro es una enemiga personal, y se está vengando.
Jujuy es una provincia en estado de excepción, pero se la ha considerado “el laboratorio de la guerra social” que el gobierno de Macri quiere extender a todo el país. La persecución política disfrazada de lucha contra la corrupción a través del aparato judicial es uno de los rasgos del actual gobierno, que además se venga del fallido intento de reforma judicial del gobierno de Cristina Fernández: el personal judicial que no responde a los intereses de la alianza política gobernante es sospechoso de delitos. Los despidos fundados en que los despedidos no trabajan, o en que los puestos de trabajo en cuestión no tienen razón de ser, se extienden a todo el país, en el ámbito público y en el privado. Se impone un discurso según el cual los sectores populares gozaron de beneficios que no merecen, o son sospechosos de corruptela.
Por otra parte, la organización barrial Tupac Amaru constituye una excepción por la calidad y dimensión de sus obras. Las cinco empresas de construcción de la provincia necesitan destruirla. La misma organización fabricaba las viviendas, las escuelas, los centros de salud, los parques, las puertas y ventanas de los edificios, la ropa de trabajo, los delantales de los escolares, la ropa de cama. Los hospitales, escuelas y fábricas de la provincia les compraban la ropa. Llegó a ser la tercera empleadora de la provincia, después del estado y del ingenio Ledesma. Fue el testimonio viviente de que es posible el ideal de un destacado economista argentino que murió hace poco, Aldo Ferrer, que postulaba “vivir con lo nuestro”. De que se podía cumplir el sueño de Salvador Mazza, el médico especializado en el mal de Chagas, que quería “erradicar los ranchos”. La Tupac Amaru los erradicó. Eso lo logró una comunidad marginada, discriminada étnica y socialmente, confinada por los sectores medios a una vida de trabajos duros y mal pagos. El poder popular construido por esta organización es inédito en la provincia y en el país. Eso es lo que los Blaquier y los Morales, avalados por el gobierno nacional de Macri, no pueden tolerar ni perdonar. Esa es la razón de su revancha.
La destrucción de la Tupac Amaru forma parte del objetivo del gobierno de Macri de no dejar vestigio de las tres gestiones consecutivas del kirchnerismo, enterrarlas bajo la lápida de la corrupción y el “populismo”.
Lo que ocurre en Argentina no es un hecho aislado. Visto a la distancia, forma parte de un plan mayor que afectaría a toda la región. ¿Cómo ves el futuro de Argentina y de toda Latinoamérica?
La región que había dado pasos importantes hacia su integración bajo el predominio de gobiernos transformadores dentro de regímenes parlamentarios inicia un vuelco hacia una restauración de políticas neoliberales: lo ejemplifica el triunfo de Macri en Argentina, el golpe parlamentario contra Dilma – y por elevación contra Lula- en Brasil; el hostigamiento contra el gobierno chavista de Venezuela; los golpes triunfantes en Paraguay y Honduras; el sabotaje al gobierno de Evo Morales en Bolivia. Esa es la foto de hoy. Es difícil aventurar un futuro. Lo decisivo será cómo actúan los efectos de una década ganada para los pueblos de América del Sur en la resistencia que han de emprender contra las graves amenazas y los desafíos arduos que enfrentan.
Gabriela Amaya es responsable de la Redacción de Madrid y participa en Pressenza desde su creación. Ha trabajado en radio y prensa escrita y, desde hace años, ha decidido desarrollar su trabajo periodístico como profesional voluntaria al servicio de la paz y la no violencia.
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