La

capital del horror en en el interior del

país, con unas 3000 víctimas

La represión ilegal en la dictadura

En importancia para la represión, La Perla sólo fue superada por el Campo de Mayo y la ESMA.

Gustavo Molina

Con el juicio por las violaciones a los derechos humanos cometidas en el centro clandestino La Perla y otros centros de exterminio de Córdoba, quedó demostrado que la provincia mediterránea fue un laboratorio de ensayo del terrorismo de Estado en pleno gobierno democrático de María Estela Martínez de Perón.

Entre el 21 de marzo de 1975 y hasta el 24 de marzo de 1976, durante la presidencia de la viuda del fundador del peronismo, en Córdoba hubo una fuerte escalada de violencia paramilitar y parapolicial que dejó, al menos, 52 desaparecidos, según consta en los registros de la CONADEP.

Ese “plan sistemático de exterminio” llevado adelante por bandas paraestatales como el Comando Libertadores de América creado por el capitán del Ejército Héctor Vergez; después del golpe cívico-militar de 1976 fue perfeccionado por el Estado a través de sus fuerzas armadas y de seguridad. Incluso, el Comando Libertadores de América se disolvió bajo la estructura del Tercer Cuerpo de Ejército y nunca fue declarado ilegal.

¿Por qué el juzgamiento de los delitos de lesa humanidad cometidos en Córdoba es tan importante? La respuesta la dio Claudio Avruj, secretario de Derechos Humanos de la Nación, en una entrevista con el diario cordobés La Voz del Interior: “No sólo por la envergadura, la cantidad de delitos juzgados y las saña con que se los cometió, la de La Perla es una causa emblemática para todo el país, sino también porque los mismos perpetradores han tenido, durante y después, una actitud que ha trascendido a Córdoba”.

El funcionario macrista destacó que “la figura de Luciano Benjamín Menéndez trasciende a Córdoba y se instala como uno de los referentes, sin dudas, del mal absoluto que encarna la represión de Estado. Cuando se busca los nombres de quienes fueron personeros de ese mal, aparece junto a los de (Jorge) Videla, (Ramón) Camps, (Emilio Eduardo) Massera, (Miguel) Etchecolatz...”.

Además, los números de la barbarie hablan por sí solos. La Perla, que operó entre 1976 y 1978, fue el centro de exterminio más grande del interior de Argentina y el segundo en importancia después de Campo de Mayo, bajo jurisdicción del Ejército.

Para desgranar el terror y poder juzgar a los responsables de este genocidio fueron necesarios tres años y nueve meses, 350 audiencias con más de 1.000 horas de duración, por donde pasaron unos 600 testigos que contaron sus tormentos. Según los sobrevivientes del genocidio, entre 1976 y 1978, por el centro clandestino La Perla pasaron entre 2.500 y 3.000 víctimas del terrorismo de Estado.

Sin embargo, en este megajuicio que concentra 21 causas, sólo se juzgaron 700 casos, de los cuáles 311 víctimas aún hoy continúan desaparecidas.

“Con este juicio quedaron claras algunas cuestiones: el terrorismo de Estado comenzó en Córdoba bajo el gobierno de Isabel Perón, ahora se deberá investigar su responsabilidad política; siguió en la dictadura cívico-militar; y hubo un plan sistemático de apropiaciones de bebés”, coincidieron los fiscales Facundo Trotta y Rafael Vehil Ruiz. Ambos solicitaron y les hicieron lugar a “que se revise cada una de las prisiones domiciliarias, porque con 38 condenas efectivas sobre 43, queda demostrado que una vez más lo que se busca es Justicia y no venganza”