sábado, 29 de noviembre de 2014

EL FINOLIS DE LA GARCOCRACIA PORTEÑA


Un civil y 22 ex militares y policías, al borde del juicio

brigada de investigaciones de san justo

Un civil y 22 ex militares y policías, al borde del juicio
Imputado - El ex ministro Jaime Smart.
Dos abogados y 22 ex militares y policías quedaron a un paso de ser juzgados en La Plata por los secuestros y torturas cometidos contra 81 personas en el centro clandestino que durante la dictadura cívico militar funcionó en la Brigada de Investigaciones de Policía de San Justo, en el partido de La Matanza. Los civiles son del ex Ministro de Gobierno Bonaerense de facto, Jaime Lamont Smart, y quien fuera su secretario, el juez federal porteño renunciado en 2002 en medio de un escándalo por coimas, Juan María Torino. Por ese centro pasaron, entre otros, los delegados secuestrados de la empresa Mercedes Benz.
El pedido –un expediente de más de 300 carillas– fue realizado por la Unidad Fiscal Federal que integran Marcelo Molina, Hernán Schapiro y Juan Martín Nogueira ante el juez subrogante Alberto Osvaldo Recondo, quien deberá dar traslado a la defensa antes de elevar la causa al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de La Plata.
En su acusación, los fiscales enmarcaron los hechos como "crimen de genocidio y delitos de lesa humanidad, en forma concurrente o acumulativa". El expediente busca justicia por los secuestros y torturas que sufrieron 81 personas entre 1976 y 1978 en ese lugar, entre ellos los delegados gremiales secuestrados en la Mercedes Benz.
Esos secuestros reúnen varios ejes de la represión que encierra la causa, porque además del paso de los gremialistas por San Justo, en julio de 1978 uno de los jefes de la Brigada, Rubén Lavallén,  pasó a retiro y fue designado jefe de Seguridad de la empresa automotriz. Ese hombre es el mismo que se apropió de Paula Logares, una de las primeras nietas restituidas por Abuelas de Plaza de Mayo.
Los imputados son cinco jerarcas militares del Cuerpo I del Ejército, entre ellos el ex segundo Comandante del Cuerpo I del Ejército Jorge Olivera Róvere; siete militares del Destacamento de Inteligencia 101, y diez policías, entre ellos el ex director de Investigaciones, Miguel Etchecolatz, y el médico policial Jorge Héctor Vidal. Todos están acusados de coautores. Además, los civiles del gobierno bonaerense, el dos veces condenado a perpetua Smart, y Torino, fueron considerados como partícipe primario y secundario.
Torino enfrenta por primera vez un proceso por su rol en el gobierno de facto. Según se desprende de la acusación fiscal, impartía las órdenes a la policía de Ramón Camps. En democracia, el abogado ingresó a la Justicia en la década de 1990, y saltó a la fama en 2002 cuando un narco condenado por tráfico de cocaína lo acusó de haberle pedido una coima de $ 200 mil para mejorar su situación procesal. El juez se apartó del Tribunal Oral Federal Nº 1 porteño para evitar el jury.  «

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