Un fiscal argentino acusa a 15 ex ministros y ex policías franquistas de graves crímenes
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Les acusa de homicidios, torturas, desapariciones y sustracciones de niños
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Ha pedido a la juez María Servini de Cubría que los cite a declarar como imputados
La juez María Servini de Cubría el pasado mayo en una rueda de prensa en San Sebastián.
Rafa Rivas
AFP
El fiscal federal argentino Ramiro González ha
acusado de graves crímenes a 15 ex ministros y policías franquistas en
el único proceso penal que existe en el mundo por los delitos de ese
régimen. Y ha pedido a la juez María Servini de Cubría que los cite a declarar como imputados en Buenos Aires.
Los acusados son Antonio Carro Martínez, ex ministro de la Presidencia; Liciano de la Fuente, ex ministro de Trabajo (1969) y vicepresidente (1974 y 1975); Antonio Barrera, ex ministro de Hacienda (1973) y ex vicepresidente segundo (1974); José María Sánchez Ventura Pascual, ex ministro de Justicia (1975); Alfonso Osorio García, ex ministro de la Presidencia (1976).
También figuran Jesús Quintana Saracíbar, capitán de la Policía acusado de asaltar la iglesia de San Francisco de Asís en Vitoria donde murieron cinco trabajadores; Carlos Rey González, ex miembro del Consejo de Guerra que juzgó a Salvador Puig Antich. Desarrolló las funciones de vocal ponente y, como tal, informó y fue redactor único de la sentencia a condena de muerte ejecutada el 2 de marzo del 74 por garrote vil; Antonio Troncoso de Castro, ex juez militar; y siete ex policías: Jesús González Reglero, Ricardo Algar Barrón, Félix Criado Sanz, Pascual Honrado de la Fuente, Jesús Martínez Torres, Benjamín Solsona Cortés, y Atilano del Valle Oter.
El funcionario del ministerio público les acusa de homicidios, torturas, desapariciones y sustracciones de niños.
Además, ha exhortado a la juez que pida al Vaticano "toda la información que obre en sus registros respecto de la participación de la Iglesia española en la creación de la cárcel de Zamora", elegida para que los sacerdotes y religiosos que fuesen condenados por algún tipo delito pasasen en ella su periodo carcelario.
También ha instado a Servini de Cubria a viajar de nuevo a España para recorrer la cárcel Modelo de Barcelona, donde muchos antifranquistas estuvieron detenidos, y Galicia para "visitar las fosas comunes y el campo de concentración de Camposantos".
Esta causa arrancó el 14 de abril de 2010, aniversario de la Segunda República, a raíz de una querella puesta por familiares de fusilados, el gallego Darío Rivas Cando, de 94 años, e Inés García Holgado.
A esas querellas se han ido sumando otras de distintos represaliados de la dictadura, como por ejemplo los ex presos políticos agrupados en La Comuna; las familias de etarras y miembros del FRAP fusilados en los 70, e incluso la Asociación de Niños Robados en España.
En el expediente que tramita la juez Servini de Cubría ya hay entre 150 y 200 querellantes que han viajado expresamente a Buenos Aires para declarar en el juzgado y constituirse como acusadores de funcionarios de Francisco Franco. O, si no, enviaron a apoderados.
Servini de Cubría ha pedido a España que extradite a dos policías franquistas imputados por el delito de torturas, Juan Antonio González Pacheco, alias Billy El Niño, y Jesús Muñecas Aguilar. Pero la Audiencia Nacional ha rechazado esas peticiones.
También la juez ha pedido a España la exhumación de cadáveres de víctimas que yacen en una fosa común del cementerio de Guadalajara. Quiere comprobar vía análisis de ADN si allí están los restos de Timoteo Mendieta Alcalá, fusilado por el franquismo. Su hija, Ascensión Mendieta Ibarra, de 88 años, viajó especialmente a Buenos Aires a rogarle a Servini que la ayude a encontrar los restos de su padre antes de morir.
Los acusados son Antonio Carro Martínez, ex ministro de la Presidencia; Liciano de la Fuente, ex ministro de Trabajo (1969) y vicepresidente (1974 y 1975); Antonio Barrera, ex ministro de Hacienda (1973) y ex vicepresidente segundo (1974); José María Sánchez Ventura Pascual, ex ministro de Justicia (1975); Alfonso Osorio García, ex ministro de la Presidencia (1976).
También figuran Jesús Quintana Saracíbar, capitán de la Policía acusado de asaltar la iglesia de San Francisco de Asís en Vitoria donde murieron cinco trabajadores; Carlos Rey González, ex miembro del Consejo de Guerra que juzgó a Salvador Puig Antich. Desarrolló las funciones de vocal ponente y, como tal, informó y fue redactor único de la sentencia a condena de muerte ejecutada el 2 de marzo del 74 por garrote vil; Antonio Troncoso de Castro, ex juez militar; y siete ex policías: Jesús González Reglero, Ricardo Algar Barrón, Félix Criado Sanz, Pascual Honrado de la Fuente, Jesús Martínez Torres, Benjamín Solsona Cortés, y Atilano del Valle Oter.
El funcionario del ministerio público les acusa de homicidios, torturas, desapariciones y sustracciones de niños.
Además, ha exhortado a la juez que pida al Vaticano "toda la información que obre en sus registros respecto de la participación de la Iglesia española en la creación de la cárcel de Zamora", elegida para que los sacerdotes y religiosos que fuesen condenados por algún tipo delito pasasen en ella su periodo carcelario.
También ha instado a Servini de Cubria a viajar de nuevo a España para recorrer la cárcel Modelo de Barcelona, donde muchos antifranquistas estuvieron detenidos, y Galicia para "visitar las fosas comunes y el campo de concentración de Camposantos".
Viaje a España para recoger testimonios
El verano pasado la juez y el fiscal pasaron dos semanas visitando a víctimas en sus casas del País Vasco, Andalucía y Madrid. Allí recogieron testimonios y pruebas de los crímenes del franquismo.Esta causa arrancó el 14 de abril de 2010, aniversario de la Segunda República, a raíz de una querella puesta por familiares de fusilados, el gallego Darío Rivas Cando, de 94 años, e Inés García Holgado.
A esas querellas se han ido sumando otras de distintos represaliados de la dictadura, como por ejemplo los ex presos políticos agrupados en La Comuna; las familias de etarras y miembros del FRAP fusilados en los 70, e incluso la Asociación de Niños Robados en España.
En el expediente que tramita la juez Servini de Cubría ya hay entre 150 y 200 querellantes que han viajado expresamente a Buenos Aires para declarar en el juzgado y constituirse como acusadores de funcionarios de Francisco Franco. O, si no, enviaron a apoderados.
Servini de Cubría ha pedido a España que extradite a dos policías franquistas imputados por el delito de torturas, Juan Antonio González Pacheco, alias Billy El Niño, y Jesús Muñecas Aguilar. Pero la Audiencia Nacional ha rechazado esas peticiones.
También la juez ha pedido a España la exhumación de cadáveres de víctimas que yacen en una fosa común del cementerio de Guadalajara. Quiere comprobar vía análisis de ADN si allí están los restos de Timoteo Mendieta Alcalá, fusilado por el franquismo. Su hija, Ascensión Mendieta Ibarra, de 88 años, viajó especialmente a Buenos Aires a rogarle a Servini que la ayude a encontrar los restos de su padre antes de morir.
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