Brasil investigará el Plan Cóndor y a civiles que apoyaron la dictadura
El organismo creado por Dilma Rousseff también iniciará una pesquisa sobre las causas de la muerte del ex presidente João Goulart, presuntamente asesinado por agentes en la ciudad correntina de Mercedes en 1976.
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Tiempo Argentino
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La Comisión de la Verdad de Brasil, que investiga las violaciones de los Derechos Humanos durante la última dictadura (1964-1985), incluirá en su trabajo el alcance que tuvo el llamado Plan Cóndor, que involucró a los otros países del Cono Sur, y además abrirá una línea de investigación inédita: seguir el rastro de los empresarios que financiaron a los centros de represión y tortura y que se beneficiaron con el apoyo económico al régimen militar.
El nuevo alcance de la comisión creada por la presidenta Dilma Rousseff fue especificado en un decreto publicado ayer en el Diario (boletín) Oficial, mediante el cual se determina que deben ser aclarados los grados de colaboración de las dictaduras que imperaban en los años '70 en la Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile y Bolivia con los represores que al mismo tiempo gobernaban Brasil.
Según lo publicado, es necesario "esclarecer los hechos, las circunstancias y los autores de graves violaciones, torturas, desapariciones forzosas y ocultación de cadáveres", que resultaron del Plan Cóndor.
La Comisión de la Verdad, formada por siete miembros escogidos personalmente por Rousseff, creó con ese objeto un subgrupo que comenzará sus trabajos esta misma semana, indica la publicación oficial. Ese subgrupo deberá establecer contactos con organizaciones de Derechos Humanos de la Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile y Bolivia y recabar información sobre las investigaciones oficiales realizadas en esos países, a fin de obtener e intercambiar datos sobre las persecuciones de militantes de grupos de izquierda en la región.
Uno de los casos que intentará esclarecer la Comisión de la Verdad en el marco de la investigación sobre el Plan Cóndor se refiere a la muerte del ex presidente brasileño João Goulart, cuyo derrocamiento en 1964 dio lugar a un período de 21 años de gobiernos militares.
Goulart, conocido como Jango y considerado un líder progresista simpatizante de la izquierda en los años '60 en plena Guerra Fría, murió en diciembre de 1976 en la localidad argentina de Mercedes (Corrientes), donde se encontraba exiliado. Su muerte fue atribuida oficialmente a un "ataque cardíaco", pero su familia siempre sostuvo que fue víctima de un asesinato. Esa tesis fue ratificada hace cuatro años por un ex miembro del servicio secreto uruguayo, preso en Brasil por tráfico de armas, quien aseguró que Goulart fue envenenado por agentes de varios países que actuaban en el marco del Plan Cóndor.
Por otra parte, la Comisión de la Verdad también anunció la apertura de una línea de investigación inédita en Brasil para identificar a los empresarios que financiaron a los centros de represión y tortura de la dictadura y que se beneficiaron con el apoyo económico al régimen. "Estamos atrás de los que dieron el dinero a la represión", dijo el ex ministro de Justicia José Carlos Dias, miembro de la Comisión.
Dias se refirió, según el diario conservdador paulista Folha de São Paulo, a la "Operación Bandeirante", el centro del sistema de persecución política y represión ilegal montado por el régimen. El ex ministro reveló que fueron encontrados indicios de que una consultora económica llamada CIA (como la agencia de inteligencia estadounidense y quizás no por casualidad) actuaba como una compañía fantasma para empresarios que colaboraban financieramente con la dictadura, entregando recibos fiscales falsos y desviando el dinero al aparato represivo.
El ex ministro comparó este sistema de recaudación ilegal con el descubierto en 1992 y que derribó del poder al entonces presidente Fernando Collor de Mello, manejado por su tesorero, Paulo César Farías.
Miembros de la Comisión de la Verdad, según Folha, se quejaron al mismo tiempo de los problemas a los que se enfrentan para profundizar la investigación sobre los crímenes aberrantes producidos en Brasil de aquellos años. Aseguran que los militares responden que muchos documentos que han solicitado al Ministerio de Defensa "fueron incinerados". Pero destacaron, sin embargo, la predisposición para colaborar del ministro del área, Celso Amorim. «
Efe y Ansa
El nuevo alcance de la comisión creada por la presidenta Dilma Rousseff fue especificado en un decreto publicado ayer en el Diario (boletín) Oficial, mediante el cual se determina que deben ser aclarados los grados de colaboración de las dictaduras que imperaban en los años '70 en la Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile y Bolivia con los represores que al mismo tiempo gobernaban Brasil.
Según lo publicado, es necesario "esclarecer los hechos, las circunstancias y los autores de graves violaciones, torturas, desapariciones forzosas y ocultación de cadáveres", que resultaron del Plan Cóndor.
La Comisión de la Verdad, formada por siete miembros escogidos personalmente por Rousseff, creó con ese objeto un subgrupo que comenzará sus trabajos esta misma semana, indica la publicación oficial. Ese subgrupo deberá establecer contactos con organizaciones de Derechos Humanos de la Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile y Bolivia y recabar información sobre las investigaciones oficiales realizadas en esos países, a fin de obtener e intercambiar datos sobre las persecuciones de militantes de grupos de izquierda en la región.
Uno de los casos que intentará esclarecer la Comisión de la Verdad en el marco de la investigación sobre el Plan Cóndor se refiere a la muerte del ex presidente brasileño João Goulart, cuyo derrocamiento en 1964 dio lugar a un período de 21 años de gobiernos militares.
Goulart, conocido como Jango y considerado un líder progresista simpatizante de la izquierda en los años '60 en plena Guerra Fría, murió en diciembre de 1976 en la localidad argentina de Mercedes (Corrientes), donde se encontraba exiliado. Su muerte fue atribuida oficialmente a un "ataque cardíaco", pero su familia siempre sostuvo que fue víctima de un asesinato. Esa tesis fue ratificada hace cuatro años por un ex miembro del servicio secreto uruguayo, preso en Brasil por tráfico de armas, quien aseguró que Goulart fue envenenado por agentes de varios países que actuaban en el marco del Plan Cóndor.
Por otra parte, la Comisión de la Verdad también anunció la apertura de una línea de investigación inédita en Brasil para identificar a los empresarios que financiaron a los centros de represión y tortura de la dictadura y que se beneficiaron con el apoyo económico al régimen. "Estamos atrás de los que dieron el dinero a la represión", dijo el ex ministro de Justicia José Carlos Dias, miembro de la Comisión.
Dias se refirió, según el diario conservdador paulista Folha de São Paulo, a la "Operación Bandeirante", el centro del sistema de persecución política y represión ilegal montado por el régimen. El ex ministro reveló que fueron encontrados indicios de que una consultora económica llamada CIA (como la agencia de inteligencia estadounidense y quizás no por casualidad) actuaba como una compañía fantasma para empresarios que colaboraban financieramente con la dictadura, entregando recibos fiscales falsos y desviando el dinero al aparato represivo.
El ex ministro comparó este sistema de recaudación ilegal con el descubierto en 1992 y que derribó del poder al entonces presidente Fernando Collor de Mello, manejado por su tesorero, Paulo César Farías.
Miembros de la Comisión de la Verdad, según Folha, se quejaron al mismo tiempo de los problemas a los que se enfrentan para profundizar la investigación sobre los crímenes aberrantes producidos en Brasil de aquellos años. Aseguran que los militares responden que muchos documentos que han solicitado al Ministerio de Defensa "fueron incinerados". Pero destacaron, sin embargo, la predisposición para colaborar del ministro del área, Celso Amorim. «
Efe y Ansa
no hay dos demonios
La resolución publicada ayer por el Boletín Oficial brasileño da rienda suelta a la investigación sobre los crímenes de lesa humanidad practicados por agentes del Estado o al servicio de la burocracia estatal "o con apoyo o en el interés del Estado". Lo que deja fuera de cualquier proceso los actos realizados por militantes de izquierda o grupos guerrilleros, que en algunos casos practicaron secuestros o atentados durante ese período y hasta llegaron a ejecutar a delatores o colaboracionistas con la dictadura. En la redacción de la ley, el detalle era difuso. Los militares retirados pedían equipararlos a sus delitos como muestra "de que la ley es pareja".
la traba de la ley de amnistía
En Brasil la Comisión de la Verdad trabaja sin poder para elevar sus pruebas a juicio, ya que los militares están hasta el momento protegidos de cualquier proceso por los crímenes cometidos durante la dictadura por la Ley de Amnistía de 1979, que elaboraron los mismos uniformados antes de dejar el poder y para cuidarse las espaldas de cara al futuro que se les avecinaba.
Sin embargo, recientemente un juez del estado de Pará (Amazonia) aceptó la apertura de un proceso contra Sebastião Curió Rodrigues de Moura. El llamado "Mayor Curió" es uno de los símbolos de la represión ilegal, acusado de haber hecho desaparecer a guerrilleros que combatían a la dictadura en los años setenta. El magistrado utilizó el argumento que el crimen de secuestro es permanente, es decir, todavía se está cometiendo, y no puede ser alcanzado por la norma.
El grupo de trabajo dedicado al Plan Cóndor, que integrarán cuatro especialistas, estará subordinado a los siete integrantes de la Comisión de la Verdad, creada en mayo pasado para investigar los delitos contra los Derechos Humanos practicados durante la dictadura militar brasileña.
Al final de las investigaciones, el grupo deberá "identificar y volver públicas (informaciones sobre) estructuras, lugares, instituciones y circunstancias de violaciones de los Derechos Humanos", según el Boletín Oficial.
En el marco de su trabajo, los integrantes del grupo tendrán poderes para examinar documentos relativos al Plan Cóndor, incluso en el exterior.
Sin embargo, recientemente un juez del estado de Pará (Amazonia) aceptó la apertura de un proceso contra Sebastião Curió Rodrigues de Moura. El llamado "Mayor Curió" es uno de los símbolos de la represión ilegal, acusado de haber hecho desaparecer a guerrilleros que combatían a la dictadura en los años setenta. El magistrado utilizó el argumento que el crimen de secuestro es permanente, es decir, todavía se está cometiendo, y no puede ser alcanzado por la norma.
El grupo de trabajo dedicado al Plan Cóndor, que integrarán cuatro especialistas, estará subordinado a los siete integrantes de la Comisión de la Verdad, creada en mayo pasado para investigar los delitos contra los Derechos Humanos practicados durante la dictadura militar brasileña.
Al final de las investigaciones, el grupo deberá "identificar y volver públicas (informaciones sobre) estructuras, lugares, instituciones y circunstancias de violaciones de los Derechos Humanos", según el Boletín Oficial.
En el marco de su trabajo, los integrantes del grupo tendrán poderes para examinar documentos relativos al Plan Cóndor, incluso en el exterior.
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