EN BRASIL,NO TODO ES CARNAVAL Y FUTBOL

Cuestionamientos a la Comisión de la Verdad

Por Dafne Melo. El 18 de noviembre la presidenta de Brasil Dilma Rousseff aprobó la ley que crea la Comisión de la Verdad, con el objetivo de investigar las violaciones a los derechos humanos cometidas en el periodo que va de 1946 a 1988. La ley ya había sido sancionada en el Congreso.

La comisión estará formada por 7 miembros --todavía no definidos– y deberá iniciar sus trabajos en 2012. Las investigaciones, que no serán punitivas criminalmente, se realizarán en un plazo de dos años.

Aunque se trata de una reivindicación histórica, la medida fue tímidamente conmemorada por familiares de los muertos y desaparecidos, por ex detenidos y organizaciones de derechos humanos, quienes señalan diversos problemas.

Pedro Pomar, periodista, familiar de víctimas de la dictadura y miembro del Comité Paulista por la Memoria, Verdad y Justicia, afirma que el proceso de elaboración de la comisión “fue muy malo”. Uno de los aspectos más criticados es que el gobierno ni siquiera anuló la Ley de Amnistía, de 1979, que puso en libertad tanto a militantes como a militares. “Prevaleció el pacto entre Gobierno y militares. O sea, el Gobierno quiere una comisión que se limite a ‘aclarar’ lo que pasó. El Gobierno no quiere punir a los involucrados en las atrocidades cometidas al servicio de la dictadura militar. Todo eso para atender el veto de los comandantes de las Fuerzas Armadas”.

El periodista afirma que las enmiendas al proyecto sugeridas por grupos de familiares de las víctimas, ex detenidos, organizaciones de derechos humanos, del Ministerio Público Federal y por la Orden de los Abogados de Brasil fueron ignoradas. Pero sí se aceptaron las enmiendas propuestas por los parlamentarios de partidos conservadores como el PSDB, PPS y DEM (este último, un heredero directo de Arena, partido defensor de la dictadura militar).

“Es necesario aclarar que nunca tuvimos la pretensión de hacer de la Comisión un tribunal. Lo que queríamos, y todavía queremos, es que las investigaciones sean llevadas al Ministerio Público Federal para que éste pueda hacer las denuncias en la Justicia”, aclara Pomar.

Censura

Días después de la ceremonia de oficialización, las entidades denunciaron que fue censurado el discurso de Vera Paiva, hija del ex diputado Rubem Paiva, hasta hoy desaparecido. “Así empezamos muy mal... no me retiraron la invitación, simplemente no pude hablar”, afirmó Paiva.

“Si la Comisión de la Verdad no tiene autonomía y soberanía para investigar y un gran equipo que le de soporte en su trabajo, estaremos consintiendo. Consintiendo, quiero subrayar, seremos cómplices del sufrimiento de millares de familias todavía afectadas por esa herencia de horror que ahora está apoyada en leyes de excepción pero que sigue incuestionable en los hechos”, decía el discurso de Vera Paiva, posteriormente divulgado en internet.

Pomar afirma que los militares presentes en la ceremonia vetaron la participación de la hija del diputado desaparecido y que la presidenta acató el veto. “Eso es una grave agresión a la democracia, representa una humillación a la sociedad civil”.

El grupo Tortura Nunca Más, de Rio de Janeiro, formado por familiares de víctimas y ex detenidos, llegó a afirmar que la comisión es una “farsa”. Uno de los aspectos criticados es el período de tiempo a que se va a dedicar la comisión. La decisión, según la organización, tiene como objetivo sacar el foco del periodo propiamente dictatorial, entre 1964 y 1985.

Otro punto fuertemente criticado es la afirmación, en el texto de la ley, de que el objetivo de la comisión es promover la “reconciliación nacional”. “Como si fuera posible reconciliar a asesinos y torturadores con sus víctimas; la ley incluso permite, en el artículo séptimo, que militares formen parte de la comisión”, critica Pomar. “Por no mencionar que la ley ni siquiera usa el término ‘dictadura militar’”, completa.

Nombres

Las siete personas que conformarán la comisión serán elegidas por la presidenta. El Comité Paulista por la Memoria, Verdad y Justicia entregó una lista de nombres a Rousseff, pero no hay garantía de que alguno de ellos llegue a la lista final.

Aunque el gobierno no se haya pronunciado, la prensa brasileña divulgó en los últimos días que dos nombres posibles son Claudio Lembo, ex gobernador de São Paulo por el DEM, y Marco Maciel. Este último fue gobernador de la provincia de Pernambuco durante la dictadura y vicepresidente de Fernando Henrique Cardoso (PSDB), entre 1995 y 2002. Los nombres deben ser divulgados el 10 de diciembre.

Pomar afirma que en el próximo año las organizaciones tendrán que organizarse para presionar a la Comisión. “Estamos trabajando con la idea de establecer una comisión de la sociedad civil, capaz de contribuir con la Comisión oficial, pero también, simultáneamente, de fiscalizarla y presionarla para que llegue a resultados satisfactorios”.

Caso Merlino

Paralelamente a la comisión, la familia del periodista Luiz Eduardo Merlino, torturado y asesinado en un centro de detención clandestino en la ciudad de San Pablo, lucha para que la Justicia reconozca a los culpables de su asesinato.

La familia realizó una acción legal en 2008 en contra del militar Carlos Alberto Brilhante Ustra, ex coronel y comandante de uno de los centros de detención y tortura más grandes de San Pablo. La acción fue rechazada por la Justicia, basándose en la Ley de Amnistía. En 2010 la familia inició un nuevo proceso. Tal como el primero, el proceso fue abierto como una causa civil. “Como infelizmente Brasil está muy atrasado en relación a los países vecinos, por ahora hay espacio solamente para una acción civil. Pero esperamos que en un futuro breve podamos iniciar una acción penal, para que los torturadores sean finalmente juzgados y castigados. Nuestra batalla es en contra de la impunidad”, explica Tatiana Merlino, sobrina de Luiz.

La novedad es que, en la segunda acción, el Supremo Tribunal Federal (STF) negó al torturador Ustra el uso de la Ley de Amnistía. La decisión fue divulgada el 10 de noviembre pasado. “Esa victoria, aunque parcial, es de gran importancia. Esperamos que esa posición del ministro del STF estimule a que otras familias realicen acciones civiles y que así haya más presión de la sociedad respecto a la responsabilidad civil y penal de los torturadores de la dictadura militar”, explica Tatiana.

Luiz Eduardo Merlino era militante del Partido Operario Comunista (POC) y tenía 23 años cuando fue secuestrado en la casa de su madre, delante de la hermana, quien hoy lleva adelante la causa, junto con la compañera de Merlino, Angela Mendes de Almeida.

Según los testigos –que incluyen al ex ministro de Derechos Humanos del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, Paulo Vannuchi– Merlino fue torturado hasta la muerte. “En la audiencia ocurrida en San Pablo, los testigos de acusación afirmaron que Ustra era quien comandaba las torturas”, cuenta Tatiana. El cuerpo de su tío sólo fue encontrado –y por eso no es un desaparecido– porque su padre, un comisario, entró sin autorización dentro de la morgue y reconoció el cadáver de su cuñado, marcado por las torturas.

“Las acciones son la continuidad de la lucha de mi abuela, Iracema da Rocha Merlino, por el reconocimiento de la responsabilidad del Estado en el asesinato de su hijo. Mi abuela murió en 1994 sin ver justicia. Ella tenía un certificado de defunción falso, con una T de terrorista. En 1979 quiso iniciar una acción, pero desistió porque le darían solamente una indemnización y lo que ella quería era por lo menos un reconocimiento moral”, finaliza.