ELVIEJITO SE DEJA DE BOLUDEAR

Se reabrirán 88 causas por crímenes de lesa humanidad

Mujica enfrenta la ley de impunidad

El mandatario anunció que anulará por decreto todos los actos administrativos que amparaban casos de violaciones de los Derechos Humanos durante la dictadura e impedían el juzgamiento de los militares.

El gobierno uruguayo del presidente José Mujica anunció ayer que anulará por decreto todos los actos administrativos que amparaban casos de violaciones de los Derechos Humanos durante la dictadura, gracias a la vigencia de una llamada Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado –conocida popularmente como ley de impunidad– que impedía el juzgamiento de esos crímenes. El anticipo presidencial se conoció el mismo día que se cumplieron 38 años del golpe de Estado que marcó el inicio de la larga y sangrienta dictadura cívico-militar (1973-1985). La decisión de Mujica permitirá la reapertura de unas 88 causas por crímenes de lesa humanidad cometidos por militares y policías.
La medida, justificada en “razones de ilegitimidad” de las decisiones tomadas por los gobiernos anteriores, fue anunciada por el secretario de la Presidencia, Alberto Breccia. “El presidente ha decidido (que) se dicte un decreto por el cual se revocan, por razones de ilegitimidad, todos los actos administrativos dictados por el Poder Ejecutivo” que consideraron que los crímenes denunciados estaban “contemplados” en el artículo tres de la ley, señaló el funcionario. Según ese artículo, la justicia debe requerir al Poder Ejecutivo que “informe, dentro del plazo perentorio de 30 días de recibida la comunicación, si el hecho a investigar se considera comprendido” en la ley que les garantizó la impunidad a los ejecutores del terrorismo de Estado.
Breccia explicó que el decreto no se ha firmado todavía para dar tiempo a los familiares de las víctimas a que decidan si quieren o no que el caso que los afecta sea incluido dentro del mismo. Con esta medida “estamos cumpliendo primero con un mandato ético, pero además con lo que establece una sentencia reciente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos” (CIDH), agregó. Asimismo aclaró que con su postura el gobierno no viola la separación de poderes, uno de los aspectos violatorios de los acuerdos y tratados internacionales citado por la CIDH en un fallo del 24 de marzo vinculado al llamado “caso Gelman” (el secuestro y desaparición de María Claudia Irureta Goyena de Gelman y la posterior apropiación de su hija nacida en cautiverio).
“No estamos ingresando para nada en la competencia que el Poder Judicial va a tener cuando deba decidir sobre el desarchivo de esos casos en los que deberá determinar si se aplica el principio de la cosa juzgada”, dijo. Breccia explicó también que la iniciativa gubernamental pretende suplir las carencias expresadas por la CIDH en la sentencia en la que condenó al Estado uruguayo. Además de responsabilizarlo por la desaparición de la nuera del poeta Juan Gelman, la Corte instó a “tomar las medidas necesarias para que La ley de Caducidad de la pretensión punitiva del Estado deje de representar un obstáculo para la investigación” de las causas. <