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| Gue Guidai Bera tiene personería jurídica y está reconocida en el INAI. |
Hay que comenzar admitiendo que hay pueblos indígenas y que son más de los que creemos. Sólo en Maciá hay cerca de 250 personas mayores y más de 300 chicos descendientes de la comunidad Gue Guidai Bera, una de las nueve que conforman el Pueblo-Nación Charrúa. Pero más importante que el aspecto numérico, es fundamental destacar el ejercicio de la tolerancia y de la comprensión del diferente, ya que no hay democracia sin el respeto por ese otro distinto.
Gue Guidai Bera se organiza a través de un Consejo de Ancianos, integrado por 15 personas que deciden en asamblea los pasos a seguir por la colectividad ante cualquier eventualidad. Además, tiene una Taita o Cacique, una Latarej, o vocera, dos Ukay Sam, mujeres segundas en autoridad.
La comunidad resurge y se ubica geográficamente en el mismo lugar del Quillá Charrúa, “olvidado y sepultado bajo el nombre de ‘Barrio San Roque’ con organización ancestral como entonces”, contó a este medio una integrante de la etnia que no quiso revelar su nombre porque aseguró que están “con una lucha territorial muy brava”.
Asimismo, y en referencia al nombre del barrio donde se ubicar, la mujer dijo que “la situación” de ellos “es la que sucede en toda la América donde hay un lugar indio, originario, seguro hay algún santo o mención religiosa que hace o intenta el olvido de las creencias antiguas, pero aún estamos, aun somos”, advirtió.
Sobre la consulta de qué quiere decir Gue Guidai Bera, la integrante de la comunidad explicó que significa “reflejo de luna”, o “brillo de la luna sobre el agua”, y que se denominan así “en honor a Rosi -por Rosa Albariño-, quien partió hace ya más de tres años y medio, pero sigue y seguirá”, expresó.
“Las comunidades están aquí desde siempre. Gue Guidai Bera desde las últimas resistencias indias, luego de la ‘salsipuedes’ en la República Oriental del Uruguay, ya que integrantes de ambas bandas se refugiaron en estos montes protectores del centro de Entre Ríos”, manifestó la consultada de sangre aborigen.
“Ante la negación que aún existe y es muy marcada en ésta sociedad que consideró siempre no tener los mal llamados indios, pero naturalizada la denominación y aceptada para saber de quienes se habla, la mayoría de los pueblos nación consideran a un hermano como tal si practica la cosmovisión. Es decir, una mirada diferenciadora de la vida”, explicó. En tanto, resaltó que “actualmente, Gue Guidai Bera”, junto a otra comunidad, “Etriek, tienen jóvenes representando la Comunidad en las Organizaciones Indígenas a nivel nacional”.
La mujer dijo que entre otros encuentros que realizan habitualmente, en 2010 viajaron a Uruguay donde se encontraron con la comunidad Basquadé Inchalá. “Allí danzamos como entonces, y entre rogatorias y ceremonias, fuimos nuevamente las chorroaguat, proclamando nuestros principios y erigiéndonos en guardianes de ellos: igualdad, libertad y valor de la palabra dada. Vida solidaria y comunitaria, como todo pueblo nación indio. Inambi atei, todavía somos, todavía estamos”, concluyó.
Pero el grupo aborigen de Maciá no es el único en la zona, y menos en Entre Ríos. También está el Pueblo Jaguar, etnia madre en la zona, reorganizado por Rosa Albariño -líder histórica que comenzó el proceso de reparación de la Nación dispersa-; y la ya mencionada Etriek, ambos de Villaguay. También hay otras comunidades en Federal, Paraná, Concordia, La Paz.
“Cada día aparecen más personas que demuestran su sangre aborigen porque después de tantos años de silenciamiento, comienza a despertar una mirada de búsqueda de la identidad”, indicó la representante legal de la comunidad de Maciá, Marina Varela.
La letrada señaló que “en Entre Ríos hay numerosas familias descendientes de comunidades indígenas, son cientos de habitantes, rurales o urbanos en todo el territorio provincial”. Asimismo, puntualizó que “a la zona del centro en la provincia, nadie la quiere ver como un lugar histórico. Pero es así”.
Por otro lado, afirmó que tanto Gue Guidai Berá como Jaguar -de Villaguay- “están integrando el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (Renaci)”. Y dijo que “el INAI reconoce a una comunidad como tal, luego de una exhaustiva visita por parte de sociólogos y antropólogos que realizan una encuesta socio comunitaria y trabajos comunitarios”.
La puja territorial y un amparo inédito
Tras la quiebra de Goldaracena Hnos. Ltda SAC -una empresa de Maciá- que llevó las tierras a remate, en 2009 se iba a desalojar por disposición judicial a las familias asentadas en el antiguo Quilla. Pero en base al artículo 33 de la Constitución Provincial, y la Ley nacional 26.160 que declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, se evitó la medida. La subasta fue impedida con la colaboración de la Fiscalía de Estado y el Inadi.
Los descendientes
Si bien el formulario de la última estadística poblacional, el Censo 2010, contaba con un apartado por el que se registró la ascendencia aborigen de los habitantes, esos datos aún no están disponibles para ser consultados. -Es preciso destacar que a quien firma este artículo, nunca le fue preguntado este punto por el censista y que estaba explícitamente consignado en el formulario -.
No obstante, durante 2004 y 2005 se realizó la Encuesta de Pueblos Indígenas, complementaria al Censo 2001, a cargo del Instituto Nacional de Estadística y Censo (Indec). Según estos listados, entre las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Misiones y Santa Fe, hay 418 personas descendientes de la etnia Ava Guaraní, también entre estas jurisdicciones, se registraron 2.372 habitantes con ascendencia Guaraní. Además, sólo en el territorio entrerriano hay 676 habitantes descendientes del pueblo Charrúa. Es preciso señalar que en el estudio, se registraron a las personas que se reconocieron como pertenecientes y/o descendientes en primera generación de alguna etnia originaria. Además en el listado, se indicó que alrededor del uno por ciento de las personas tienen ascendencia indígena mixta. Es decir que sus progenitores pertenecen a distintos pueblos y que ellos mismo no se reconocieron pertenecientes a ninguna etnia específica.
A quién y qué se reconoce
La Constitución Provincial Reformada, reconoce en su artículo 33 la preexistencia étnica y cultural de sus pueblos originarios. Además, “asegura el respeto a su identidad, la recuperación y conservación de su patrimonio y herencia cultural, la personería de sus comunidades y la propiedad comunitaria inmediata de la tierra que tradicionalmente ocupan. La ley dispondrá la entrega de otras, aptas y suficientes para su desarrollo humano, que serán adjudicadas como reparación histórica en forma gratuita. Serán, indivisibles e intransferibles a terceros”.
Asimismo, el artículo otorga el derecho a los pueblos originarios “a una educación bilingüe e intercultural, a sus conocimientos ancestrales y producciones culturales, a participar en la protección, preservación y recuperación de los recursos naturales vinculados a su entorno y subsistencia, a su elevación socio-económica con planes adecuados y al efectivo respeto por sus tradiciones, creencias y formas de vida”.
Por otro lado, a través de la noma 9.653, la provincia adhirió en 2005 a la Ley nacional 23.302 sobre “Política Indígena, Protección y Apoyo a las Comunidades Aborígenes”, pero como muchos de los derechos adquiridos legalmente y mediante la forma más democrática -es decir habiendo pasado los debidos debates en Diputados y Senadores-, la disposición provincial sólo es un texto que descansa en un cajón esperando su reglamentación. En el artículo segundo de la norma provincial, se faculta al Poder Ejecutivo a designar un representante para integrar el Consejo de Coordinación del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). “Siempre que íbamos a participar de las reuniones nacionales por nuestros pueblos aborígenes en Entre Ríos, pasábamos vergüenza. Todas las provincias tenían su representante menos nosotros. El gobierno no nos ha apoyado en este sentido”, lamentó Varela.
La Ley 23.302, entre varios otros puntos, reconoce desde el artículo 8 al 13 la propiedad de las tierras a los descendientes aborígenes. Pero ese reconocimiento prevé la adjudicación inmediata, y a título gratuito para la explotación agropecuaria, forestal, minera, industrial o artesanal, según las modalidades propias de cada comunidad a los descendientes originarios.
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