Entre
los innumerables desastres causados por Mauricio Macri desde su arribo a
la Casa Rosada, hay que sumar ahora la entrega de la soberanía
satelital, un factor estratégico para el desarrollo y la autonomía del
país en materia de telecomunicaciones. De la mano de Oscar “El Milico”
Aguad, quien hasta la semana pasada estuvo a cargo del disuelto
Ministerio de Comunicaciones, el Gobierno de Cambiemos vació la empresa
estatal ARSAT y sentó las bases para la privatización.
Según
reveló el domingo pasado el canal C5N, el yerno de Aguad y titular de
ARSAT, Rodrigo de Loredo, firmó el 29 de junio un “acuerdo secreto e
ilegal” con la empresa estadounidense Hughes por el satélite ARSAT-3.
La carta
de intención entre las partes establece que el aparato se fabricará en
INVAP, como los ARSAT 1 y 2, pero bajo una nueva sociedad –llamada
provisoriamente “Newco”– que será controlada y dirigida por la
transnacional, con “al menos” el 51% de las acciones. Como si esto fuera
poco, “el acuerdo quedará regulado bajo las leyes del estado de Nueva
York”, agrega el documento en inglés.
“Esto
violenta la Ley de Desarrollo de la Industria Satelital (27.208),
sancionada en 2015. Es una entrega de la soberanía y una humillación al
pueblo argentino”, señaló el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat
en diálogo con Contexto.
Barcesat
adelantó que hoy presentará “una denuncia penal por violación de los
deberes de funcionario público” y mañana una acción de amparo para que
la Justicia dicte “una cautelar suspensiva de esta medida absurda”.
Mientras
tanto, en el Congreso la divulgación del acuerdo entre De Loredo y
Hughes motivó pedidos de informes al Ejecutivo por parte de los bloques
de diputados y senadores del Frente para la Victoria (FpV-PJ). “No vamos
a permitir que se ponga en riesgo la soberanía tecnológica nacional ni
que se viole la Ley 27.208”, aseguraron.
Los
precandidatos por Unidad Ciudadana, Jorge Taiana y Daniel Scioli,
también pusieron el grito en el cielo y reclamaron a los legisladores
que impidan esta maniobra que dejará a ARSAT “subordinada” a los
intereses de una empresa vinculada al Departamento de Defensa de los
Estados Unidos.
En la
comunidad científica la indignación no fue menor. “Darle el 51% a una
empresa extranjera es un locura”, sostuvo el decano de la Facultad de
Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Marcos Actis,
al considerar el desarrollo satelital como “un tema muy importante para
la soberanía nacional”.
“Es como
si estuviésemos entregando una parte de la Patagonia”, graficó el
matemático Adrián Paenza, y advirtió: “Quienes compren esto van a tener
que prepararse para que sea expropiado en el futuro. Esto es ilegal, en
algún momento Argentina va a recuperar lo que le han robado”.
El
revuelo fue tal que el propio Aguad salió a desmentir la privatización.
“El ARSAT-3 es más público que nunca, es una empresa pública que ha dado
utilidades”, dijo el funcionario radical-macrista, tras asumir al
frente de la cartera de Defensa.
“El grado
de veracidad que se le puede atribuir a Aguad es prácticamente nulo. Ya
lo hemos visto con el caso del Correo Argentino y el desguace de la Ley
de Servicios de Comunicación Audiovisual”, recordó Barcesat y planteó
la necesidad de “articular todos los mecanismos que la ciudadanía pueda
llevar adelante para frenar la entrega”.
Antes de
ser presidente, Macri afirmaba que era “un despilfarro” de dinero poner
un satélite argentino en órbita. Al asumir, suspendió la construcción
del ARSAT-3 con excusas similares, pese a que el Presupuesto 2016
destinaba 250 millones de dólares para ese fin. Esas partidas fueron
subejecutadas, mientras Aguad y De Loredo se dedicaban a vaciar la
empresa estatal y recortar los servicios de ARSAT 1 y 2 con el objetivo
de transferirlos a satélites extranjeros. Así prepararon el terreno para
ceder el patrimonio nacional a manos privadas.
Fernando M. López
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